Lucha anticorrupción. La designación del nuevo ministro de Justicia y acciones concretas para fortalecer la defensa jurídica del Estado definirán hasta dónde llegaran las intenciones del nuevo presidente en este tema.,Las palabras suenan bien, pero en la lucha contra la corrupción hay que pasar a las acciones. El presidente de la República, Martín Vizcarra, debe liderar la lucha contra la corrupción y eso es lo que hemos estando esperando y reclamando desde el Ministerio Público y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, señala el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. La corrupción es un problema que afecta a todos los ciudadanos. Está en el origen de la actual crisis gubernamental, que termina con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia, y en la desconfianza que sostiene el reclamo para que se vayan todos los representantes en el Congreso. PUEDES VER Vizcarra llama al diálogo y a un pacto social para combatir la corrupción El último informe del Latinobarómetro resaltaba que, si bien para los peruanos hoy el principal problema es la delincuencia común, lo que más les preocupaba era la corrupción en el Estado. Al día siguiente ¿Cómo transformar las palabras en acción? "Es importante que el primer objetivo de gobierno que mencione el presidente Vizcarra en su discurso sea su compromiso de lucha frontal contra la corrupción, pero lo trascendente será lo que haga en los próximos días", advierte el ex procurador Ronald Gamarra. El presidente Vizcarra dijo que combatirá todas las acciones que estén reñidas con la ley, "vengan de donde vengan y cueste lo que cueste", comprometiéndose a desmontar y denunciar todo esquema corrupto que funcione en el Estado". El significado de esas palabras, dice Gamarra, se sabrá cuando el presidente designe al nuevo ministro de Justicia, del que dependen la defensa jurídica del Estado y las procuradurías anticorrupción, de lavado de activos y la ad hoc para el caso Lava Jato. "El gobierno necesita potenciar la defensa jurídica del Estado. Definir si se va a ratificar o cambiar a los actuales procuradores. El Poder Judicial y el Ministerio Público no solo requieren apoyo con el discurso, sino que se les dote de mayores recursos. Traducir sus palabras en acción", subraya Ronald Gamarra. Autonomía El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, anota que fortalecer las instituciones no solo supone mejorar su presupuesto. "Es importante que se garanticen la autonomía e independencia de las instituciones de la administración de justicia, para que puedan realizar su trabajo técnico sin presiones externas", anotó. En enero del 2017, cuando empezó el caso Lava Jato en el Perú, el gobierno dio el Decreto Legislativo 1326 que creo una procuraduría general del Estado, pero hasta ahora no se emite su reglamento y nada se ha hecho más allá de promulgar y publicarse la norma. Lo ideal hubiera sido convertir la procuraduría anticorrupción en un sistema nacional, pero al contrario, se le ha debilitado. Primero se creó la procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato, le quitaron los casos promovidos con informes de la Contraloría General de la República y se redujo su presupuesto. Así, mientras los corruptos se unen para defenderse, el Estado divide su defensa.❧ En cifras 36.503 procesos anticorrupción a nivel nacional. S/ 10 millones cobrados de reparación civil el 2017 . Solo hay presupuesto hasta mayo Desde diciembre, la procuraduría anticorrupción reclama un presupuesto de 20 millones de soles para tener un representante en cada uno de los 34 distritos judiciales del país, que permita defender los interés del Estado. Hasta hoy lo único que ha conseguido es rebajar ese monto, primero a 11 millones y los últimos días a 6 millones, para "ver si lo pueden atender", pero ni un sol. A partir de mayo ya no podrá pagar sueldos a 160 abogados, según un informe de gestión que permanece en el despacho del ministro de justicia, Enrique Mendoza. La procuraduría anticorrupción atiende 36 mil casos a nivel nacional, pero solo tiene 7 subprocuradores titulares regionales, de los 15 que estaban previstos. Piura, Trujillo, Arequipa, Ucayali y San Martín no tienen procurador titular anticorrupción.
