Kuczynski debe seguir siendo investigado con rigor e independencia, para que la justicia dilucide si sus conductas salen del terreno de la sospecha y entran en el del delito.,Pedro Pablo Kuczynski fue un ingenuo cuando le tendió la mano a Fuerza Popular y su reacción ante los avances del fujimorismo, que se dedicó a cortar las cabezas de sus ministros y a obstruir sus apocados intentos de reformas, fue la de un timorato. Fue un hipócrita durante el trance de la primera vacancia, al pedir ayuda a los sectores republicanos del país, y un redomado mentiroso que canjeó su supervivencia por el vergonzoso indulto al exdictador Alberto Fujimori, luego de jurarle a sus circunstanciales aliados que nunca lo haría. Con este enjuague, de paso se desacreditó como demócrata y desairó a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en los noventa. Fue un testarudo al volver a intentar un acercamiento con Fuerza Popular y un majadero cuando, luego de todo lo vivido, aseguró que su gobierno era objeto de una «andanada comunista». Consagrado a su supervivencia, no ha sido capaz de reactivar nuestra economía, a pesar de la mejora de los precios de las materias primas. Por si fuera poco, su ineptitud y debilidad han supuesto graves retrocesos en los pocos espacios que mostraban avances, como el sector educación o el desempeño de TvPerú. Con su comportamiento errático, torpe y necio, su falta de liderazgo y su frivolidad, su incapacidad de rodearse con consejeros que le sirvan de contrapeso, él solo se ha ganado el rechazo de la población que, según la última encuesta de Datum, desaprueba mayoritariamente su gestión (79%) y quisiera verlo fuera del cargo (63%). Con este prontuario de defectos personales y políticos, muy pocos se atreverían a defenderlo. Más todavía si añadimos que, de confirmarse los señalamientos de Jorge Barata, también podríamos estar ante un corrupto (o al menos un inmoral). Pero una cosa es reprobar su desempeño y fiscalizar su comportamiento, y otra muy distinta apostar por el actual proceso de vacancia. La destitución de un Presidente debería ser un hecho absolutamente excepcional. Aunque esté permitida, se trata de una de las medidas más dramáticas de nuestro ordenamiento constitucional y tendría que ser la última alternativa imaginable frente a una crisis. Plantear una vacancia solo tres meses después de un proceso similar, cuando la fiscalía aún se encuentra investigando el caso Odebrecht y ni siquiera ha presentado una acusación, es actuar de manera precipitada e irresponsable. En el caso de algunos grupos políticos como Fuerza Popular y el Apra, también demuestra desesperación y mala fe, por los procesos judiciales que avanzan en su contra, que comienzan a cercar a sus principales figuras y deben ser obstruidos a como dé lugar. Oponerse a esta vacancia no implica que olvidemos los errores de este gobierno. La opinión pública no puede dejar de fiscalizar el comportamiento de nuestros funcionarios públicos, señalando puntualmente cada una de sus faltas y omisiones. Tampoco significa apostar por la impunidad. Kuczynski debe seguir siendo investigado con rigor e independencia, para que la justicia dilucide si sus conductas salen del terreno de la sospecha y entran en el del delito. Pero para ello hace falta tiempo y prudencia, una virtud que deberíamos valorar el día de hoy. Finalmente, estar en contra de este nuevo proceso de vacancia no debería interpretarse como una forma de resignación. Por el contrario, es una apuesta radical por la institucionalidad. En este caso, por la de la figura presidencial que —más allá de la persona que ocupa el cargo y de los pendientes que tengamos con ella— debe ser cautelada.
