Pedro Pablo Kuczynski podría ser vacado esta semana bajo la acusación de incapacidad moral, por las relaciones financieras que, según diversas evidencias, ha mantenido con la empresa Odebrecht, mientras negociaba importantes obras públicas con esta empresa desde sus cargos de ministro de Economía, presidente de Pro Inversión y presidente del Consejo de Ministros. Más allá de su alegato de inocencia, lo mostrado justifica una profunda investigación. Para el fujimorismo, la caída de PPK constituiría el éxito final de una estrategia desplegada desde el día en que éste asumió el poder, jugando a debilitarlo continuamente; una táctica favorecida por la actitud torpe e irresoluta de la víctima. En lugar de enfrentar al fujimorismo, PPK optó por entregarle más y más y más poder, buscando aplacar a Keiko Fujimori. Así, les entregó la dirección del Banco Central de Reserva, la SUNAT, la Defensoría del Pueblo. En vísperas del último zarpazo, PPK seguía en la misma actitud e invadía las atribuciones del ministerio público acusando a los fiscales que intervinieron dos locales de Fuerza Popular de “violar el debido proceso”, buscando congraciarse con el fujimorismo. El resultado de su actitud puede verse ahora. Un hito decisivo en su caída fue la decisión de PPK de no exigir un voto de confianza para su ministro de Educación, Jaime Saavedra, ni salir en su defensa cuando los fujimoristas pidieron su cabeza, hace exactamente un año. Saavedra, censurado por el Congreso por incapacidad, fue inmediatamente elegido responsable de la unidad de Educación del Banco Mundial. Ante la prepotencia parlamentaria, la Constitución otorga al presidente un instrumento para nivelar el terreno: hacer cuestión de confianza sobre la permanencia de sus ministros. Si, en esas condiciones, el Congreso censuraba a Saavedra provocaría la caída de todo el gabinete, y si decidía censurar un gabinete más, el presidente tenía la atribución constitucional de disolverlo y convocar a nuevas elecciones parlamentarias. PPK no quiso utilizarla y ahora paga las consecuencias. Quienes acusan de corrupto a PPK son corruptos con un mayor prontuario, y hoy asistimos a un nauseabundo festival de cinismo. Quienes argumentan la mentira de PPK para vacarlo son los mismos que no dijeron una palabra cuando Alan García mintió al país afirmando que no había liberado a ningún narcotraficante (había liberado a 3200). Si una mentira fuera motivo de vacancia, tendríamos que vacar a la mayoría del Parlamento. Esto no supone proclamar la inocencia de PPK. Como ciudadano, encuentro inverosímil el argumento de que él ignoraba que cientos de miles de dólares de Odebrech ingresaban a sus empresas por trabajos de un subalterno suyo, que por casualidad resulta ser un muy buen amigo, invitado en el palco oficial cuando asumió la presidencia. La credibilidad de PPK se ha esfumado y debe abandonar el cargo. Pero tiene dos derechos inalienables que deben respetarse: la presunción de inocencia (todo acusado es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad) y el derecho a la defensa, con plazos y garantías adecuadas. Pero el fujimorismo está desesperado por lograr la caída de PPK en el más corto plazo. Estamos ante un golpe de Estado fujimorista, desarrollado a través de una ofensiva simultánea contra tres instituciones fundamentales: la Presidencia de la República, la Fiscalía de la Nación y el Tribunal Constitucional. El objetivo es uno: entorpecer la acción de la justicia. El avance de las investigaciones en torno al escándalo Lava Jato ha precipitado el golpe. El fujimorismo necesita el control del TC para que, si Keiko es detenida, éste acoja un hábeas corpus que la ponga en libertad. El odio del fujimorismo contra el Fiscal de la Nación tiene como razón los avances en el esclarecimiento de la trama corrupta de Lava Jato en el Perú. Quienes creen que caído Kuczynski el fujimorismo se va a conformar, están profundamente equivocados: de hecho el vicepresidente Vizcarra les resultaría como presidente más incómodo que PPK. El fujimorismo va a buscar la caída de los dos vicepresidentes para que asuma la presidencia Luis Galarreta, el presidente del Congreso, buscando que este convoque a nuevas elecciones bajo el control y con las reglas de juego del fujimorismo. La alianza de Marco Arana con los fujimoristas se basa en la ilusión que tiene de, en elecciones así amarradas, ser el único candidato de la izquierda. Fernando Tuesta acaba de mostrar que, siguiendo los plazos establecidos, la convocatoria a elecciones tendría que hacerse en enero, éstas debieran celebrarse el 1°de septiembre, y, con una muy probable segunda vuelta, tendríamos a Galarreta todo un año como presidente de la República, armando el tinglado. El resultado sería finalmente poner a Keiko Fujimori en Palacio. Eso es lo que está en juego.
