Hay quienes ven la prisión de algunos socios peruanos de Odebrecht como un enorme cambio en las relaciones entre los ricos y la justicia. Si la idea es que estamos ante un hito en la lucha contra el privilegio económico, conviene ponerla en perspectiva. Ya antes el dinero ha tropezado con la justicia y el poder político. Si hubiera que ubicar hitos, allí están algunas de las reformas del velasquismo, la intervención del imperio Prado, o la fallida toma de los bancos. Algunos reemplazaron un poder económico por otro, otros no tanto. Ahora es el momento de las empresas locales de construcción, que ciertamente no saldrán indemnes de su actual choque con la ley. Es cierto que la población desde hace tiempo quería volver a ver presos importantes, y el recurso de la prisión preventiva los está entregando, en la forma de políticos, accionistas y gerentes. La manera expeditiva en que estos encarcelamientos se producen ayuda a crear la imagen de una justicia implacable explorando nuevos territorios. El anterior ciclo de inusual actividad de la justicia en el país tocó a una cantidad enorme de gobernadores regionales dedicados al robo en variadas formas. Pero muy pocos consideraron entonces que las relaciones entre justicia y poder político habían cambiado, a pesar de que cayeron algunos políticos realmente ricos. Pero el clima de estos días en torno al caso Odebrecht sugiere, más que un impulso contra los ricos en abstracto, un extemporáneo aroma antioligárquico, centrado en torno de la sonoridad social de los apellidos Graña y Miró Quesada. Entran en esa semántica la constructora peruana más grande y el principal diario del país. El juez que envió a los constructores a la cárcel preventiva cuenta que por las calles lo miran con simpatía. Podemos pensar que parte de ello es por haberse situado en la posición del David bíblico frente a quienes son vistos como símbolos de antiguos Goliat de la economía. Los medios han acompañado este momento de bienestar. Mientras tanto el ex presidente preso y su esposa aún no han sido acusados, y es poco probable que los constructores lo sean en un futuro próximo. Jueces y fiscales esperan que Jorge Barata les facilite la tarea. Pero hasta aquí el delator brasileño ha entregado opiniones, casi no pruebas.
