El derecho es un ouroboro, esa serpiente mítica medioeval que se muerde eternamente su propia cola. Si nos atenemos a las propuestas de Montesquieu en su clásico, El espíritu de las leyes, tendríamos que la división del Estado en tres poderes responde a un espíritu de la búsqueda de justicia, equidad, fraternidad. Para Montesquieu, la “virtud política” es el principio de funcionamiento de cualquier república, así como el “temor” es el principio de todo despotismo. La “virtud política” debe estar signada por el amor a la patria, el respeto a las leyes y la consagración de la persona a la colectividad. Lamentablemente, lo que tenemos en el Perú no es una razón de Estado vinculada a la “virtud política” sino al “temor”: así funcionan los gobernantes y nosotros los electores. El espíritu de las leyes se ha trastocado y ahora el mundo de lo jurídico solo busca un respeto epidérmico a la legalidad. La legitimidad se obvia o se olvida. Hoy en día el conjunto de normas jurídicas permite, en sus vacíos legales, que los grandes bufetes y estudios jurídicos, así como los abogados, fiscales, jueces y demás operadores de la administración de justicia, hagan lo posible e imposible por ser legales, pero no por ser legítimos. Esa virtud que tiene como meta el mejor funcionamiento de una sociedad respetando a todos por igual se ha perdido en el mar de los sargazos. Por supuesto que hay grandes excepciones pero no son la mayoría. Ni siquiera en las aulas universitarias. El individualismo neoliberal —ojo, no el liberalismo que es otra cosa— ha bloqueado los afanes por el bien común consagrando otra meta poderosa: la individualidad, la competitividad, el lucro. Sobre la consagración de la legalidad sobre la legitimidad hay dos claros ejemplos en nuestro país: 1) la empresa minera Yanacocha a través de un recurso de defensa posesoria hostiga violentamente a Máxima Acuña de Chaupe, violando su derecho a la soberanía alimentaria, estigmatizándola y criminalizándola (se cuidan mucho de no “violar derechos humanos”, es decir, de no pegarle… como lo hicieron en 2011, pero todo el resto lo siguen haciendo con un único fin: que deje su territorio); 2) los grandes estudios de abogados apoyan, permanentemente, los vacíos legales para que las grandes empresas puedan evadir o eludir el pago de impuesto (lo que implica, por supuesto, una responsabilidad con el país), armando empresas off-shore que esconden a otras empresas off-shore, y rebuscando en los entuertos normativos un vacío para permitir que la acumulación de la riqueza sea más expeditiva y lucrativa. No me refiero solo a sobornos, el escándalo financiero que estamos contemplando en estos días, me refiero a elusión tributaria dura y pura. Esa cantidad de dinero que termina en Islas Caimán, Hong Kong o ahora a la famosa Isla de Man, y que estudios de abogados como Mosack Fonseca o Appleby, organizan y re-organizan para que salga enterito, dejando de pagar miles de miles en impuestos que serían decenas de comedores populares, centenas de hospitales, inversión en investigación científica o miles de becas de estudios. No permitamos que el derecho sea un obstáculo contra la consolidación de la democracia. Recobremos el espíritu de Montesquieu y de tantos abogados y juristas que, incluso, han muerto por su defensa.
