La idea de meter a las constructoras consorciadas con Odebrecht a la colada de Lava Jato es un harakiri económico. Consideremos el siguiente argumento sobre el castigo de que están siendo objeto las empresas peruanas por la modificación del Decreto de Urgencia 003. El castigo a las empresas peruanas versus las que ya confesaron corrupción y son extranjeras es inconsistente: las empresas peruanas tienen centenares de proyectos y miles de proveedores locales y no se van a ir a ninguna parte. Si se les encuentra culpables, el Estado tiene sus activos, sus cuentas y todo lo demás para cobrarse cualquier reparación civil. Las extranjeras sí pueden vender e irse como sucedió con OAS y la Línea Amarilla que compró Vinci Highways. Las empresas peruanas tienen muchas obras en el Perú, y si se les castiga paran todo. En cambio las obras de las extranjeras son unas pocas dentro de su portafolio mundial y por tanto el castigo es inmensamente desproporcionado en contra de los peruanos. Por último hay una especie de histeria respecto de la venta de activos que hace Graña y Montero. ¿Se preguntan acaso dónde fue todo ese dinero? Fue a cancelar deudas incurridas en el pago de activos del Gasoducto Sur Peruano cuyo desembolso el Estado demora, y para permitir la continuación de la actividad económica de la empresa, sus trabajadores y proveedores, es decir para la continuación de la marcha económica del país. Por lo tanto la ley que se aprobó en el Congreso contra las constructoras peruanas está haciendo todo al revés. Desde el punto de vista práctico es también evidente que ninguna empresa extranjera va a poder suplir a los más de 60,000 trabajadores entre obreros, técnicos, ingenieros que tienen estas empresas nacionales en la tarea de reconstrucción, y menos aún continuar con el incipiente aumento del crecimiento económico que se esperaba que en el cuarto trimestre supere el 3.9% por supuesto liderado por la construcción. En Brasil se ha legislado la figura del Acordo de Linenza mediante el cual se castiga a la empresa con una multa inferior si coopera. Caso contrario se le impone una multa equivalente al 20% de sus ventas anuales (lo cual las mata). El objetivo es triple: proteger la producción, proteger el empleo, y, lo más importante, evitar la concentración de la producción en manos de una o dos empresas.
