Vivimos un muy complicado panorama político como consecuencia de los escándalos asociados al caso Lava Jato y otros, que tienen como fondo el financiamiento de la actividad política. Buena parte de nuestra elite política está bajo fundadas sospechas de haber recibido dinero para solventar gastos de campaña y otros a cambio de favores gubernamentales. Esclarecer responsabilidades, culpabilidades, exige un manejo muy fino, complicado por varias razones: la opinión pública exige acusaciones y sanciones de manera indiscriminada, los políticos pretenden impunidad propia o sacar provecho de las desgracias ajenas, los fiscales se debaten entre atender las presiones cruzadas de la opinión pública y de los políticos, y la necesidad de hacer bien su trabajo en condiciones adversas, para que pueda haber juicios con casos sólidos, y que luego no terminen en el Poder Judicial en absoluciones, penas mínimas o en condenas que pagan los “eslabones débiles” en la cadena de la corrupción, y no los “peces gordos”. Vistas las cosas muy en general, obviamente quienes tuvieron responsabilidades de gobierno en los últimos años están bajo sospecha. Sobre funcionarios del gobierno de Alejandro Toledo y sobre él mismo penden acusaciones muy graves, con un esquema más o menos claro: dinero de campaña y sobornos a cambio de ventajas vinculadas a la construcción de la carretera interoceánica. Pero el proceso de extradición no es sencillo y vale la pena tomarse el tiempo necesario para hacer las cosas bien. Durante el gobierno de García tenemos ya funcionarios procesados relacionados con la concesión de la línea 2 del metro de Lima, y está pendiente saber si se encuentran responsabilidades a un nivel más alto. También están involucrados los gobiernos regionales y locales, notoriamente la Municipalidad de Lima, durante las gestiones de Luis Castañeda y Susana Villarán. Durante el gobierno de Humala, el caso más sólido parece estar relacionado con la concesión del Gasoducto del Sur; el problema está en que el expresidente y su esposa están en prisión no por ese caso, sino por haber participado en una supuesta operación de lavado de activos, al haber recibido dinero no declarado para sus campañas electorales de 2006 y 2011. Mi impresión es que la detención del expresidente y de su esposa es un exceso, no solo porque no es claro que haya peligro de fuga o de obstrucción a la acción de la justicia, sino porque el solo hecho de recibir dinero y no declararlo, pese a estar prohibido, no implica un delito penal ni tiene mayores consecuencias. Es más, en esta semana el Congreso podría haber cambiado la legislación existente para castigar esa mala práctica con sanciones drásticas, pero no lo hizo. Siguiendo con esta línea de razonamiento, no conduciría necesariamente a la comisión de un delito el que Keiko Fujimori hubiera recibido dinero de Odebrecht en su campaña electoral de 2011. ¿Cómo explicar entonces la destemplada respuesta de K. Fujimori frente a las recientes declaraciones de Odebrecht ante los fiscales peruanos? Atención que el problema no creo que sea Odebrecht: lo que preocupa a los fujimoristas es la acusación de lavado de activos que involucra a Joaquín Ramírez, ex Secretario General de Fuerza Popular. Es para defenderse de esa acusación que el fujimorismo pecha al Fiscal de la Nación, al Presidente de la República, al Tribunal Constitucional, al diario El Comercio, y por extensión, a toda la prensa. Acaso quien debería preocuparse más por lo que viene de Brasil es “AG”, quien sí tuvo responsabilidades de gobierno. Debemos respaldar la acción de la Fiscalía.
