La existencia de un comité de unificación de facciones de Sendero Luminoso es una idea abierta a cualquier especulación. Desde la captura de Abimael Guzmán y el resto de la cúpula, están separados por consideraciones tácticas, entre quienes buscan un acuerdo de paz y quienes plantean proseguir con la lucha armada. En la práctica SL se divide entre quienes hacen política en el espacio público y quienes comandan columnas militares en el VRAEM, aliados al narcotráfico. Con el tiempo nos hemos acostumbrado a ver a estos grupos como efectivamente distintos entre sí, y de hecho ellos han mantenido actividades diferenciadas, al menos a la vista. Un comité de unificación puede significar varias cosas. Puede ser un esfuerzo por acercar bandos que ya se consideran organizaciones autónomas. Puede ser una oficina para acompañar un proceso que ya se viene produciendo. Puede ser la táctica de uno de los sectores de SL para ganar legitimidad frente a los demás. O una forma de atajar mayores divisiones en curso. Inevitablemente hay en el membrete también una cierta nostalgia del tiempo en que SL avanzaba victorioso como un solo partido vertical. Un anhelo que parece casi imposible de realizar por la vía militarista. Pero quizás no tanto por la vía electoral, como tránsito hacia otras formas de presencia y poder políticos. Este terreno hipotético puede ser abordado de varias maneras. Una es como pesadilla: SL usa los espacios de las instituciones democráticas para retomar su rumbo original. Otra es como lección histórica optimista: la participación electoral puede amansar a SL. Otra es que cerrarle el paso a las elecciones puede mantener a SL en un limbo perpetuo. La derrota de SL a comienzos de los años 90 fue una solución a varios decenios, que en realidad todavía no han expirado. No hizo desaparecer a SL (como ofreció Alberto Fujimori para 1995), pero los redujo a una larga versión de las catacumbas, con una suerte de brazo armado concentrado en su negocio selvático. Pasado un cuarto de siglo el Estado peruano, entendido como el conjunto de los sectores políticos democráticos, debería pensar en una política de largo plazo frente a SL, que consista en algo más que esperar que desaparezca por su cuenta, o que simplemente se quede rondando, como una laucha, las organizaciones legales que lo toleran.
