En el proceso penal le corresponde al fiscal investigar y acusar. A nadie más. Fácil es entender que, si el fiscal ni investiga ni acusa, nunca habrá proceso penal. Basta su voluntad, ratificada por un superior, para exonerar –casi por siempre– a cualquier corrupto que por sus puertas pase. “La cosa decidida” no tiene la fuerza de la “cosa juzgada” pero, solo con hechos nuevos, podrá reiniciarse una investigación. Esta institución tapón es la primera a capturar por cualquier grupo mafioso. Si “matas el asunto” en fiscalía, ya no hay que preocuparse de nada. Es más, si realmente “sabes hacerla”, haces que te investigue el fiscal amigo durante meses, para tener entretenida a la prensa y, luego, este resuelve que no encontró nada y listo. Se acabó. ¿Así de fácil? Como lo leen. Por eso los fiscales son tan vulnerables a la corrupción. Esto no deja de notarse en las contradictorias actuaciones de sus miembros. Sin embargo, un caso de tan alto perfil como el de Lava Jato tendría que haber escapado a esta regla de impunidad. Lamentablemente, hasta ahora, no es así. Recapitulemos los hechos. El 15 de mayo, en Curitiba, estuvieron presentes los fiscales Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional y de Extradiciones; German Juárez Atoche, que investiga a Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos, y su superior, el fiscal Rafael Vera Barba. ¿Su objetivo? Interrogar a Marcelo Odebrecht sobre los aportes de campaña a Humala. Estuvieron presentes los fiscales brasileños y la defensa de Humala. ¿Y qué dijo Odebrecht? En resumen: a) Que se les dio dinero a todos los candidatos con posibilidades, de la famosa caja 2 y b) que Barata no quería darle a Humala, pero era un pedido de Lula por el PT y que si había “represalias” debía aumentar a Keiko Fujimori. Toditos los presentes lo escucharon y bien clarito. Gustavo Gorriti contó la historia y ¿le dieron una medalla? No. El Ministerio Público sacó un comunicado llamándolo mentiroso. Grandote. Nada sutil. Que a los periodistas nos insulten no es noticia, la pregunta es ¿por qué se quería tapar esa parte central de la declaración de Odebrecht? Ningún fiscal inició investigación por esa declaración que era idéntica (pero “aumentada”) a la que llevaría a los Humala semanas después a prisión. Se ocultó todo. Cuando después se conoció la transcripción oficial –gracias a las autoridades brasileñas– estaba todo exacto como se había contado en IDL Reporteros. Sin embargo, cuando el 23 de junio, otra vez Gustavo Gorriti publica un texto extraído de la agenda del teléfono de Marcelo Odebrecht, ¿qué duda le podía caber a Juárez Atoche? Las notas, de fines del 2010, asocian a Perú con AG y hablan de aumentar a Keiko “para 500”. ¿Quién puede ser Keiko pues? ¿Una amiga japonesa de Marcelo? Ese texto, cotejado con el testimonio brindado en mayo calza a la perfección. ¿Qué hizo el superdenunciador Juárez Atoche? Nada. ¿El fiscal superior Rafael Vela? Nada. Esta segunda semana de agosto, por una entrevista concedida por el fiscal Alonso Peña Cabrera, nos enteramos de que todos estuvieron presentes en una videoconferencia con sus pares brasileños y que el documento que exhibió IDL Reporteros no solo es cierto, sino que está en camino al Perú, ya de manera oficial. “Nada que temer”, le ha dicho por Twitter Keiko Fujimori –cuyo paradero es desconocido a esta hora– a sus seguidores. Con esta fiscalía, debe sentirse muy segura. No es fácil poner carita de “yo no fui” frente a las cámaras y balbucear respuestas como lo hizo el fiscal Germán Juárez Atoche cuando se le preguntó, este viernes, por todas las pruebas que él ya conocía y que incriminaban a Keiko Fujimori en un caso espejo con los Humala. Sin embargo, lo hizo. El último capítulo no pudo ser más vergonzoso. El fiscal no sabe nada, no escucho nada en Curitiba, no ha leído nada y no le han mandado nada. Y encima, hasta hoy es incapaz de formular la acusación fiscal contra los que ya tiene presos. He insistido hasta el hartazgo de los lectores. El dinero de campaña está en el Perú fuera del ámbito penal por la complicidad de un Congreso que no cambió, ni cambiará nunca, la ley. El tipo penal de “lavado de activos” requiere un mafioso “a tiempo completo” que traslada sus bienes a testaferros y no pierde el dominio real de estos. Nada de esto hay en este caso. Además, el 2011 Odebrecht era una empresa “impoluta” ¡que plantaba un Cristo en Lima! La procedencia “ilícita” del dinero, a esa fecha, no se podía presumir. Creo, como lo dijo Marcelo Odebrecht, que todos recibieron, pero también creo, como lo sostengo hace años, ganándome los infundios de muchos, que no hay delito. Más les valdría a todos los candidatos decir la verdad. Lo que está claro en estos días es que la fiscalía regresa a los tiempos de Blanca Nélida Colán. Parecía que su reciente nivel más bajo llegó con Carlos Ramos Heredia. Error. Lo que está ante nuestros ojos es peor. A pesar de su incorrecta aplicación de la ley, si esa es la ley, lo que corresponde es una posición uniforme. Para todos, igual trato. ¿Quién puede ser Keiko pues? ¿Una amiga japonesa de Marcelo? Ese texto, cotejado con el testimonio brindado en mayo, calza a la perfección.
