
Ayer, a seis días de la segunda vuelta, el candidato presidencial Roberto Sánchez presentó un nuevo programa de gobierno construido con cinco fuerzas políticas democráticas: Ahora Nación, Partido Cívico Obras, Primero la Gente, la Alianza Electoral Venceremos y la Plataforma por la Democracia. El documento, elaborado por un equipo de 124 personas, reemplaza al plan original de Juntos por el Perú. Lo sustancial es que marca una distancia significativa con él.
Ese giro merece ser leído con detenimiento y con mirada crítica, en este caso, al menos en el papel, positiva.
La primera propuesta generó alarmas específicas y largamente documentadas. Entre lo controversial planteaba veedurías ciudadanas sobre medios de comunicación que juristas calificaron como mecanismos de censura incompatibles con la libertad de prensa, solo emulados en regímenes que hoy por hoy son considerados dictaduras.
Por otro lado, proponía revisar los tratados de libre comercio, eliminar los contratos ley y elevar, sin plan de contingencia clara la presión tributaria al 25% del PBI. Lo que preocupaba eran las referencias a modelos que en la práctica han servido para controlar a la sociedad civil en regímenes autoritarios de la región.
El nuevo programa abandona todo eso. El texto presentado al país defiende, explícitamente, el ejercicio libre de la prensa y los medios. Además, ahora formalmente, garantiza la autonomía constitucional del Banco Central de Reserva.
Algo no menor es que reconoce la propiedad privada y los contratos, además de impulsar la inversión privada como motor del desarrollo.
Sobre las propuestas de reformas de la Carta Magna, encuadra cualquier modificación constitucional en el mecanismo del referéndum con acatamiento del resultado. Y, una de las cosas más importantes e inmediatas, se compromete a derogar las leyes procrimen aprobadas por el Congreso del pacto corrupto y a garantizar justicia y reparación para las víctimas de la violencia estatal.
Es, en términos de calidad técnica y coherencia democrática, un programa claramente superior al primero. Y ese reconocimiento no es menor viniendo de un diario que documentó sostenidamente los riesgos de la propuesta original.
La pregunta legítima que el electorado puede hacerse es si este viraje representa al candidato real o es una estrategia de balotaje. Es una pregunta justa y profundamente legítima. Pero también lo es esta: el Perú necesita que las fuerzas progresistas demuestren que pueden construir consensos democráticos sin renunciar a la justicia social y con capacidad de gobierno sin menospreciar lo técnico. Este programa, con sus limitaciones de origen, es evidencia de que eso es posible. El 7 de junio, los peruanos decidirán si le creen o no.





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