El presidente encargado José María Balcázar llegó al poder en febrero de este año después de que el Congreso vacara a su antecesor José Jerí con 75 votos. La razón fue precisa: Jerí se reunía fuera de agenda con empresarios de intereses concretos, una de esas reuniones encapuchado en un chifa de San Borja. La Fiscalía abrió investigación por patrocinio ilegal y tráfico de influencias. El Congreso actuó. Balcázar asumió con ese antecedente fresco sobre la mesa.
En marzo fue captado en una cafetería de Lince con acompañantes sin identificar, fuera de su agenda oficial. Fue advertido públicamente. Esta semana repite la conducta: otra reunión con otro empresario de intereses concretos, sin registro en la agenda presidencial, a ocho días de la segunda vuelta. Las advertencias no produjeron ningún cambio en su comportamiento.
El politólogo Alberto Vergara ofrece la clave para leer este patrón en su dimensión más profunda. En una videocolumna semanal sostuvo que estos episodios revelan la pulverización de la propia corrupción peruana. Como él afirma, ya no se trata de grandes hoteles ni de sauna ni de golf, sino de comportamientos a los que denomina microrrapiña política. Personajes aventureros que sin saber cómo ni por qué se sacan la lotería presidencial y quieren rentabilizarla. Y como son mediocres y están solos, tienen que ir personalmente al chifa. O a la cafetería de Lince. O al restaurante de Miraflores. Balcázar opera en precaria soledad, sin estructura, sin red, y por eso mismo resulta funcional al entramado de intereses que lo sostiene.
El problema es estructural. Quien preside la nación ejerce atribuciones que no deberían estar exentas de transparencia. Cuando las ejerce informalmente y sin registro, esa opacidad contamina cualquier decisión posterior. En contextos normales, el Congreso que vacó a Jerí tendría la obligación de aplicar el mismo estándar a Balcázar. Pero se juegan ya sus descuentos antes que asuma el siguiente parlamento.
Pero la exigencia de rendición de cuentas no puede depender solo del Congreso. La ciudadanía tiene el derecho y la responsabilidad de exigir transparencia al presidente que elija el 7 de junio desde el primer día de su mandato. El Perú lleva demasiados años tolerando que el poder se ejerza en la sombra. Eso tiene que cambiar desde las urnas.