El espectáculo ante la falta de contenido del régimen

La puesta en escena del Gobierno tras la extradición de Erick Moreno Hernández, conocido como el Monstruo, parece formar parte de una estrategia orientada a mostrar firmeza frente a la inseguridad. Sin embargo, esta narrativa en realidad convive con un marco legal que facilita la continuidad y el crecimiento del crimen organizado.

En primer lugar, la detención se realizó mediante una operación de la policía paraguaya, basada en trabajo de inteligencia y reserva operativa. Posteriormente, el Estado peruano asumió los procedimientos de extradición y reclusión, tareas administrativas importantes dentro del proceso penal. No obstante, la apropiación política de este resultado desvía la atención desde la capacidad real del sistema policial peruano hacia un relato centrado en el protagonismo.

Este comportamiento, además, responde a un patrón constante. El presidente Jerí busca proyectar una imagen de liderazgo decidido frente a la inseguridad mientras mantiene normas que debilitan la acción del Estado. Así, leyes que amplían beneficios penitenciarios, limitan la investigación criminal, fragmentan la persecución penal y restringen el uso de la inteligencia crean un entorno favorable para el fortalecimiento de las economías ilegales. En consecuencia, la inseguridad encuentra condiciones para consolidarse y expandirse.

Por otro lado, el despliegue posterior como los cierres de vías, fuerte resguardo policial y exposición mediática del detenido cumple una función clara: transmitir control inmediato. De este modo, la comunicación ocupa el lugar que debería corresponder a la evaluación de resultados sostenidos. En términos de eficacia, una política de seguridad se mide por la reducción del delito, la desarticulación de bandas, la recuperación del control territorial y la coordinación confiable entre instituciones. Estos indicadores, por tanto, reflejan desempeño real más allá de la imagen.

Asimismo, la actuación de la policía paraguaya añade un dato relevante. La decisión de resguardar la información del operativo por motivos de seguridad expone tensiones en la confianza entre instituciones, un elemento central en la lucha contra el crimen transnacional. Finalmente, la combinación de leyes que favorecen al crimen con gestos de mano dura produce una política de seguridad fragmentada y, además, poco o casi nada efectiva. Ante ello, la ciudadanía identifica esta contradicción y cuenta con la posibilidad de desmontar esta farsa exigiendo a quienes aspiran al sillón presidencial y al Parlamento bicameral compromisos claros con acciones concretas, como, por ejemplo, una refo