La política peruana ante Donald Trump

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, publicó esta semana un pronunciamiento con alcance político nacional. El texto plantea una acusación directa: Donald Trump impulsa un relato que redefine los hechos para habilitar la intervención federal en el gobierno local. El debate se instala en el modo en que el poder construye verdad cuando despliega fuerza estatal.

El punto de partida es la muerte de Renee Nicole Good, madre de familia, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El gobierno federal presentó el hecho como una acción de defensa propia frente a una amenaza. El alcalde expone que los registros audiovisuales muestran una secuencia distinta: la víctima se retiraba del lugar y no ejercía resistencia. La Casa Blanca calificó el episodio como terrorismo doméstico y centralizó el control de la investigación, desplazando a las autoridades de Minnesota. Para Frey, esta decisión organiza un relato que legitima el uso de la fuerza y reduce el espacio de control institucional.

El planteamiento del alcalde identifica una práctica de gobierno: la mentira funciona como instrumento de poder. La autoridad selecciona los hechos que circulan, redefine a las víctimas como riesgos y presenta la intervención armada como política de seguridad. Las ciudades operan bajo lógicas de intervención centralizada y pierden capacidad de coordinación democrática. El derecho ve limitada su función reguladora y la confianza pública experimenta desgaste.

Este esquema dialoga con la experiencia peruana. En los últimos años, actores con aspiraciones presidenciales han empleado estrategias discursivas semejantes: expansión del miedo, simplificación de conflictos sociales y clausura del debate mediante relatos presentados como verdades finales. El lenguaje del orden desplaza la discusión sobre responsabilidades públicas y asigna a las víctimas de la violencia estatal o de decisiones políticas fallidas la carga de su propio desenlace.

La mentira política cumple así una función estructural en la disputa por el poder. Sustituye la realidad por una narrativa funcional, reorganiza los hechos para sostener decisiones y redefine el papel de las instituciones y de la ciudadanía. La política se convierte en una contienda por la imposición de sentido.

Este escenario interpela al Perú. El ejercicio del poder se sostiene en límites, controles y verdad pública. La construcción deliberada de relatos oficiales produce gobernabilidad aparente y erosiona el vínculo entre sociedad e instituciones. La historia se escribe desde los hechos, desde la memoria y desde la responsabilidad pública.