La discriminación debe interpelar a los peruanos

En el Perú, la discriminación, ya sea por raza, etnia, orientación sexual, género, religión o discapacidad, constituye un delito tipificado en el Código Penal. A pesar de ello, de vez en cuando, resaltan en medio del contenido diverso en redes sociales casos en los que peruanos agreden con insultos discriminatorios a otros ciudadanos.

El hecho ocurrido en un bus del Metropolitano, donde una mujer lanzó insultos racistas contra otros pasajeros, representa un episodio más que da cuenta de esa herida aún latente en nuestra sociedad. Y para superar taras como ese tipo de comportamientos, el primer paso es reconocerlos.

El insulto discriminador no solo afecta la dignidad y derechos de quienes lo sufren, sino que socava la convivencia en comunidad. Cada insulto y cada restricción injustificada basada en la diferencia son un recordatorio de que la igualdad ante la ley sigue siendo un desafío práctico, más allá de los textos jurídicos. En otras palabras, es un reto a enfrentar para la ciudadanía de nuestro país.

El segundo paso, casi inmediato, tiene que ver con reconocer el derecho como propio a través del rechazo público y denuncia. Al respecto, las autoridades, desde el Ministerio Público hasta la Defensoría del Pueblo, tienen la obligación de investigar, sancionar y prevenir estos actos.

Ante ello, los peruanos deben entender que esta forma de segregación persiste porque no es solo un problema legal, sino cultural y educativo. Las taras sociales, los estereotipos y la falta de empatía se transmiten de generación en generación. Actos como los del Metropolitano muestran cómo estas conductas se naturalizan, incluso en espacios donde la convivencia debería ser obligatoria y respetuosa.

Frente a esto, y ante la proximidad de las elecciones en abril de 2026, como sociedad se debe asumir un compromiso ético y ciudadano. La discriminación es un desafío que nos interpela a todos y también define la calidad de nuestra democracia.