
Las revoluciones latinoamericanas que alguna vez prometieron emancipación, justicia y dignidad han terminado, con frecuencia, derivando en regímenes que sofocan aquello mismo que en algún momento defendían. Todo por apartarse de la pluralidad que exige toda democracia. Venezuela, bajo el mando de Nicolás Maduro, encarna hoy esa amarga paradoja.
Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se estima que más de 7,9 millones de venezolanos se han visto obligados a salir de su tierra natal. Dicho éxodo constituye actualmente una de las diásporas más dramáticas y dolorosas de nuestra época contemporánea.
Ante semejante escenario, el llamado a una desobediencia civil se convierte en una opción legítima. Porque lo que nos ha enseñado las experiencias dictatoriales de los últimos 50 años en América Latina es que desobedecer al tirano es obedecer a la justicia. Así, rebelarse contra la arbitrariedad es afirmar la inviolable vocación de libertad que habita en todo pueblo.
Ahora bien, lo inquietante es que esta deriva autoritaria encuentra ecos preocupantes en la coyuntura peruana. Una coalición conservadora y reaccionaria, que sostiene al gobierno de Dina Boluarte, avanza en la senda de prácticas que evocan los pasos iniciales del madurismo: hostigamiento a la sociedad civil organizada, intentos de acotar la acción de las ONG, captura progresiva de los órganos de control y presión sobre las instituciones electorales. Lo que en Venezuela se consumó con el tiempo, en el Perú comienza a ensayarse bajo el ropaje de la legalidad y la retórica falaz de la “gobernabilidad”.
La designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia constituye un movimiento que revela la estrategia de oficialismo y Congreso. La consigna sigue siendo acelerar el copamiento del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE.
Es una jugada responde al mismo libreto que en Venezuela condujo a la demolición de la democracia desde dentro de sus propias instituciones. La analogía con Maduro se torna, entonces, en una advertencia histórica tangible.
El desenlace de este proceso es visible en nuestra región. El Perú, al igual que otros países, ha recibido a millones de venezolanos que no son culpables de la tragedia de su patria, sino víctimas de un régimen que hipotecó sus esperanzas. Su presencia nos recuerda que la lucha contra la tiranía no es una cuestión ajena ni lejana: constituye un desafío compartido que compromete a toda América Latina.

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