Fiscalización laboral: herramienta fundamental para reducir la informalidad, por Fernando Cuadros Luque

La informalidad laboral, que implica que el empleador no declare en planilla a sus trabajadores, es uno de los principales problemas del país, pues deja a millones de asalariados sin acceder a derechos laborales básicos como la remuneración mínima, vacaciones, seguro de salud, pensiones, protección contra el desempleo, gratificaciones, seguro de vida y por trabajo de riesgo, estabilidad laboral, sindicalización, negociación colectiva, entre otros.

En tal sentido, solo la mitad de los trabajadores asalariados (dependientes) figuran declarados en planilla por su empleador, mientras que el otro 50% labora “en negro” o bajo contratos de locación de servicios fraudulentos. 

Entre los años 2005 y 2016, producto del significativo crecimiento económico del país, la tasa de informalidad laboral de los asalariados privados urbanos se redujo en 15 puntos porcentuales, pasando de 65% a 50% (ver gráfico); no obstante, dicho proceso no estuvo acompañado por una política de fortalecimiento de la inspección laboral, la cual pudo haber contribuido a una mayor disminución de la informalidad laboral.

A partir de la pérdida de dinamismo de la economía nacional observada del 2017 en adelante, con idas y vueltas, el nivel de informalidad laboral se ha estancado alrededor del 50%, situación que es urgente comenzar a revertir.

Una de las medidas fundamentales para solucionar la problemática mencionada es fortalecer la fiscalización laboral, sobre todo para el caso de aquellos segmentos empresariales que están en capacidad de cumplir la normativa laboral, pero no lo hacen debido a la baja probabilidad de ser inspeccionados por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).

A continuación, expongo algunas propuestas que contribuirían a incrementar la cobertura y efectividad de la inspección laboral en nuestro país.

¿Qué hacer para fortalecer la fiscalización laboral?

Para contar con una inspección laboral más potente que permita realmente formalizar laboralmente y mejorar las condiciones de trabajo en el Perú, se requiere:

Otorgarle más competencias a la SUNAFIL: los inspectores laborales deberían tener la facultad de incorporar directamente en planilla a los trabajadores encontrados fuera de ella y declarar como estables a aquellos con contratos temporales desnaturalizados, es decir, que en la práctica realizan labores permanentes (lo cual puede catalogarse como “informalidad escondida”).

Ello aceleraría el proceso de formalización y evitaría a los trabajadores tener que pasar por procesos judiciales por varios años para el reconocimiento de sus derechos laborales.

Incrementar el presupuesto y el personal de la SUNAFIL: actualmente se tiene únicamente alrededor de 800 inspectores laborales a nivel nacional, cifra que resulta insuficiente para fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral para un universo de más de 8 millones de asalariados, entre formales e informales.

De acuerdo con estimaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se requiere contar con al menos 2 mil inspectores para lograr una fiscalización laboral más efectiva, lo que implica, evidentemente, incrementar significativamente el presupuesto de la SUNAFIL, ya que además resulta clave contratar más personal para el resto del proceso de inspección (imposición de multas, apelaciones, cobranza coactiva, etc.). 

Mejorar las capacidades de la SUNAFIL: ello implica eliminar la figura del “inspector auxiliar”, que tiene competencias limitadas, y contar solamente con inspectores regulares con facultades plenas, así como con supervisores-inspectores, que dirijan las labores de fiscalización.

Además, se deben reestructurar los perfiles de los inspectores laborales, con el fin que aquellos que van a estar encargados de velar por el cumplimiento de la normativa sociolaboral sean necesariamente profesionales en derecho con especialización en materia laboral, y los encargados de fiscalizar materias vinculadas a la seguridad y salud en el trabajo, sean ingenieros especializados en dichos ámbitos.

Lo señalado potenciará significativamente la eficacia de la inspección laboral en nuestro país.

Generar sinergias entre la SUNAFIL y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT): vía un convenio entre ambas instituciones, la SUNAT debería informar a la SUNAFIL cuando detecte trabajadores fuera de planilla en el marco de su labor de fiscalización tributaria, con la finalidad que la inspección laboral haga cumplir la normativa respectiva.

Potenciar el uso de herramientas informáticas: la inspección laboral debe contar con un mejor acceso a la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que es un registro administrativo mensual donde figura la información laboral correspondiente a los empleadores del país.

Ello permitiría terminar de formalizar a aquellas empresas que son parcialmente informales, hacer seguimiento a las formalizaciones realizadas, así como fiscalizar el uso adecuado de los contratos temporales, entre otros aspectos.

En esa línea, una mejor utilización de la planilla electrónica contribuiría a determinar si los 700 mil locadores de servicios que figuran en el sector privado cumplen realmente labores por cuenta propia o si se trata de trabajadores dependientes que deberían ser declarados en planilla por su empleador y acceder a los correspondientes derechos laborales.

Incluir la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral en el Estado entre las competencias de la SUNAFIL: actualmente solo los trabajadores estatales sujetos al régimen laboral privado (11% del empleo público) acceden a la inspección laboral de la SUNAFIL. Ello debe subsanarse, con el objetivo que los trabajadores públicos del resto de regímenes de contratación también tengan la cobertura de la fiscalización laboral.

Esto no implicaría la imposición de multas económicas, sino la identificación y subsanación de incumplimientos laborales; sin perjuicio de la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios responsables, a través de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

Lo propuesto, sin duda, permitiría eliminar el 10% de informalidad laboral que, aunque parezca increíble, se registra en el sector público; además de evitar el incumplimiento de diversas obligaciones del Estado en su rol de empleador, como el respeto de los derechos fundamentales a la sindicalización y la negociación colectiva.

Fomentar la sindicalización: ¿quién mejor que los propios trabajadores organizados para velar por el cumplimiento de sus derechos laborales? En esa línea, el Estado debería promover la sindicalización, al ser un mecanismo que reduciría la carga sobre la inspección laboral y ayudaría sobremanera a un mayor cumplimiento de la normativa laboral.

Se trata de un conjunto de propuestas que contribuiría a reducir la informalidad laboral a través del fortalecimiento de la fiscalización laboral, a lo cual debería sumarse la implementación de políticas de reactivación económica, diversificación productiva y mejora de la productividad.