El retorno de los jueces sin rostro

Que hay quienes viven en un permanente intento de volver a los 90 en el Congreso es innegable. Ahora se trata de volver al modelo de los jueces sin rostro, que fracasó estrepitosamente en la década del fujimorismo, debido a que no se impartió justicia y en la mayoría de casos se tuvieron que volver a realizar los juicios, en el modo convencional, por la falta de debido proceso.

No se trataría de juicios contra el terrorismo, sino contra el crimen organizado. Los fiscales y los jueces se mantendrían de incógnito mientras dure el proceso para evitar las amenazas y coacciones de los investigados. Esta es una medida que es promovida por integrantes de Renovación Popular, pero es útil señalar que desde la bancada de Fuerza Popular, en especial la congresista Patricia Juárez, se ha sugerido el mismo despropósito.

En los anales del Tribunal Constitucional ya existen fallos que determinan la nulidad de los procesos porque se viola la Constitución. Se citan expresamente los incisos 1 y 2 del artículo 139. Qué se ha vulnerado con los jueces sin rostro, pues las garantías de juez natural, imparcialidad e independencia.

Habría que agregar que los jueces sin rostro fueron declarados inconstitucionales, además, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas son prácticas que alientan otro conjunto de violaciones de DDHH como las detenciones ilegales o la propia tortura. Es decir, parte de lo vivido durante el fujimorismo.

Es inconcebible que el Congreso se dedique a desenterrar literalmente prácticas que fueron declaradas en su momento como ajenas al debido proceso, el derecho a la imparcialidad, a la igualdad ante la ley y, en líneas generales, porque impiden la firmeza de los procesos, que deben ser inobjetables.

En su defecto, deberían proponerse devolver a la justicia las herramientas para la lucha contra la corrupción y en contra de la impunidad, que le han arrebatado de forma tan arbitraria.