¿Qué revela esta crisis de sus actores?, por Hernán Chaparro

Vale la pena analizar la actual crisis política para comprender la forma en que los miembros del Ejecutivo y el Congreso entienden el ejercicio del poder, así como para reflexionar sobre el posible impacto de este proceso en el clima de opinión ciudadana.  

La presidenta ha dicho varias veces que todo lo que tiene que decir lo hará ante la Fiscalía. Un error de análisis o una carencia de recursos para actuar rápido y decirle algo estructurado a la población que está enterada del tema (63% según la encuesta de Ipsos de marzo 2024). Es un asunto legal, pero también político. En un entorno donde la información circula por canales digitales el tiempo es cada vez más corto y la necesidad de reaccionar pronto es imperiosa. Mentir sobre un asunto tan delicado (“lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y trabajo”) y/o buscar darle largas a un tema que urge aclarar, pone en evidencia que prefiere refugiarse en una coraza negadora que termina siendo un frágil latón que no la protege. La pregunta de la presidenta “… desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta o un presidente…” revela cierto cinismo en el concepto que tiene la mandataria de lo que son sus obligaciones y límites en el ejercicio de su función.  Además, acusar al periodismo de acoso no solo es una débil defensa, sino que ubica al Gobierno en el borde de la gestión autoritaria. La forzada foto del domingo con el Comando Conjunto de las FFAA es otro paso más en ese sentido. Un recurso desesperado que expresa una limitada concepción del manejo del poder. Ya lo había mostrado en las explicaciones de las muertes en el sur andino. Pocos argumentos y una creciente dependencia de otros grupos que no hacen más que debilitarla.

No solo es la presidenta la que yerra en el manejo comunicacional de la crisis sino el gabinete en su conjunto y, por supuesto, el presidente del consejo de ministros. Adrianzén ha insistido en diversos momentos en que la investigación preliminar iniciada por la Fiscalía, incluido el allanamiento que se ejecutó en la vivienda de la mandataria, es una ataque o atropello a la “dignidad de la presidenta de la República”. Dado el contexto, más que un argumento legal, suena a un estereotipo cultural sobre lo intocable que debe ser el poderoso y lleva a recordar las intervenciones de la presidenta donde se autonombraba la madre de todos los peruanos, confundiendo roles y responsabilidades. El premier ha insistido en que la acción fiscal es la evidencia de la politización de la justicia y que a un presidente solo se le investiga en casos particulares y extremos. Un planteamiento que tiene una base legal, pero que no tiene mayor peso político gracias a lo ocurrido con casi todos los presidentes desde el 2016. Son argumentos muy parecidos a los que daba Pedro Castillo cuando se iniciaron las investigaciones que lo comprometían en diversos temas. Los ministros de Interior, Cultura, Justicia, Vivienda y Salud, convertidos en apresurados y fugaces voceros estuvieron alineados en la misma ineficaz letanía: “Hay un acoso sistemático”. Según ellos, como manifestó el ministro de Salud, vinculado a APP, “hay cosas más importantes para el país”. Parece que se olvidó que, de acuerdo con todas las encuestas realizadas en los últimos años, cuando se pregunta a los peruanos cuál consideran que es el principal problema en Perú, la mención a la corrupción no ha hecho más que crecer y, en algunos casos, supera a la inseguridad ciudadana como principal problema. La gente se dedica a lo suyo y reclama por lo más urgente porque es lo que siente que controla o porque lo sufre día a día, pero no quiere decir que la corrupción no la afecte y mortifique. La percepción de corrupción impacta en la desconfianza hacia los políticos y genera la desafección que todas las encuestas reportan.

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¿Qué ocurrió en el Legislativo? Nada sorprendente. En síntesis, respaldo político de los que ya lo hacen, pero también malestar por considerar que la responsable de llevar la fiesta en paz, o hacer que la fiesta nunca termine, no lo está haciendo bien. Los partidos que apoyan y usan a la presidenta le dijeron: te respaldamos, pero cada día eres menos útil. Como tuiteó el congresista Montoya, ellos quisieran que la presidente gobierne mejor y no se meta en estos escándalos. Un buen Gobierno, creen ellos, mejoraría también la imagen de las bancadas que apoyan al Ejecutivo. Lo que no dijo, pero todos saben, es que esa demanda no es por el bien del país sino para seguir haciendo uso y abuso del poder delegado. Su problema es que mientras más soportan una gestión que es ineficiente e impopular, menores serán las posibilidades de alcanzar la deseada reelección. La solución, por ahora, ha sido colocar ministros afines a las bancadas. Luego serán gestos y acciones que establezcan una suerte de “apoyo crítico”. Mientras en el Congreso no tengan controlado el tema electoral, en lo demás ya avanzaron bastante, la presidenta se mantendrá. Después, será prescindible para las bancadas. Incluso puede ser un lastre para grupos que ya están, en sí mismos, bastante magullados.

Por último, ¿cuál es el impacto de esta crisis sobre la población? No ha generado ninguna movilización en las calles para demandar una adecuada rendición de cuentas. A estas alturas, no es gran novedad ver a presidentes vinculados a actos de corrupción. Algo más de la mitad de los que estaban informados del percance, según la encuesta de marzo de Ipsos, consideraron que era un tema vinculado a corrupción. Revela, pero no rebela. Una suerte de check adicional en el rubro “desconfianza”. Sabemos que la movilización en las calles está vinculada a más variables, no solo a la desconfianza política y la ira. Sentirse parte de un colectivo y/o la identificación con algún nivel de liderazgo influye, y eso escasea. La percepción de eficacia de la acción colectiva es también importante, y las encuestas indican que para una mayoría las movilizaciones no son eficaces o no justifican la inversión de su tiempo (encuesta del Instituto de Estudios Peruanos-IEP de enero del 2024). Puede que esto solo profundice la ira y la desconfianza, que son importantes, pero no suficientes para pasar a la acción. Finalmente, todo esto socava más aún la legitimidad política de la presidenta y eso tiene un directo costo sobre los partidos que en el Congreso la respaldan. Según la encuesta de Datum de marzo del 2024, para los peruanos, los grupos en el Parlamento sacarían 04 de nota. Varios apostarán a ser el mal menor, pero una cosa es argumentar ante la población que con Castillo se estaba peor y otra sostener a una presidenta que en la opinión ciudadana está asociada a la corrupción. Muchas bancadas ya tienen la imagen de corruptas. Poco las ayudará ser vistas como que, además, apoyan a un Ejecutivo corrupto.