Congreso al margen de la ley

El debate posterior a la presentación de los integrantes del Pleno de la Junta Nacional de Justicia ha mostrado que el Congreso no logró responder a los 10 temas jurídicos que planteó la defensa de los magistrados, en una pieza oratoria que mostró las carencias de la denuncia presentada por el congresista Esdras Medina, la cual pasó los filtros de la Comisión Permanente y llegó al Pleno con ese respaldo.

El entendimiento de la Constitución como un conjunto para su cabal interpretación, sin caer en la reducción de un artículo aislado, y la falta de imparcialidad de la Comisión al recabar testimonios y las infracciones al debido proceso, reconocido como básico para sustentar el juicio político, fueron remarcados durante la defensa de los magistrados.

La diferencia entre los funcionarios públicos que son designados en cargos de confianza y quienes han sido elegidos en concurso público, como es el caso de los miembros de la Junta, y el vacío legal existente en el caso de la edad para ejercer el cargo también se incluyeron entre los 10 aspectos jurídicos usados por la defensa.

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La propia defensa de la magistrada Inés Tello indicó que han transcurrido casi 4 años desde que cumplió los 75 años y que ni en su elección ni en su permanencia se ha cuestionado su participación, hasta que se abrió el debate por decisiones de la Junta que entraron en conflicto con posiciones de la mayoría.

Los congresistas no pudieron levantar los cargos formulados en la defensa, pero buscaron razones banales para antagonizar contra los magistrados. Los acusaron de falta de respeto, que les quisieron imponer sus títulos y procedencia de las universidades, y el consabido cargo de ser caviares.

Lo que no se discutió es que hay 14 congresistas involucrados en la investigación por intercambio de votos de la mano de la exfiscal de la Nación y un total de 45 parlamentarios involucrados en otros procesos de corrupción. Eso no detuvo su accionar contra la JNJ. “No me presto a esta vendetta”, expresó algún solitario en la discusión. En sesión plagada de irregularidades se dispuso la inhabilitación de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez. Queda reclamar la anulación de un acto a todas luces irregular.