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Opinión

Machu Picchu: revolución y robolución, por Augusto Álvarez Rodrich

‘Nacionalismo’ y ‘privatización’ como biombos de las mafias.

larepublica.pe
AAR

Sería un grave error de interpretación, o una ingenuidad sospechosa, concluir que la paralización en Machu Picchu es por un sistema de boletaje moderno y transparente, pues lo que está en juego es la protección de los ingresos controlados por mafias que camuflan con política su acción criminal.

La oposición radical de las mafias al sistema de control es porque mellaría su acción en Machu Picchu, como los S/8 millones por 80.000 turistas que ingresaron fuera de cuenta en 2023.

Su respuesta es la estrategia tradicional que se instaló con el gobierno golpista y corrupto de Pedro Castillo, y que sirvió para oponerse a cualquier cambio que alterara el desempeño ‘normal’ del crimen organizado en varias actividades, desde la minería ilegal hasta el narcotráfico, pasando por la tala, trata y, como se ve, el turismo.

Así, promueven el conflicto político-social para extorsionar a un gobierno de estabilidad precaria, para que ceda a las pretensiones de organizaciones mafiosas de mantener sus privilegios que significan un serio perjuicio para la calidad de vida de la población.

Pues quienes más se perjudican con la paralización de Machu Picchu, que es llover sobre mojado en la crisis del turismo peruano que aún no se recupera de la pandemia y la conflictividad político-social del 2023, son los ciudadanos especialmente —pero no solo ahí— de las zonas como Cusco que le deben tanto a la actividad turística.

Cuentan para ello con el respaldo interesado de los sectores con los que han penetrado las decisiones del estado: municipios distritales y provinciales, gobernaciones regionales, congreso, políticos de ocasión principalmente de izquierda, y hasta el ejecutivo.

Hasta los protagonistas del gobierno de Castillo se repiten. Como Vladimir Cerrón en la minería, Alfredo Cornejo de operador en la protesta del turismo, y la quizá bien intencionada pero siempre tan errada Verónika Mendoza defendiendo el sistema promafia.

El plan tiene objetivos políticos y comerciales: generar caos mediante el conflicto social movilizando gente con proclamas absurdas de revolución nacionalista-antiprivatizadora, que es clave para la continuidad de la robolución de las mafias que se hacen ricas a costa de la pobreza de la población.

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