El atentado en Minera Poderosa es un hecho muy grave y expresión inequívoca del avance del crimen organizado gracias a la complicidad de un estado en el que el gobierno carece de planes para contrarrestar a esta amenaza que desintegra al país; y desde el congreso se defiende a estas mafias.
El hecho criminal del sábado dejó el saldo terrible del asesinato de nueve trabajadores de seguridad y trece heridos —diez graves—, pero no fue sorpresivo pues el agravamiento de la seguridad en Pataz, La Libertad, es antiguo.
Antes ya habían muerto siete trabajadores de la mina, y se habían volado diez torres de alta tensión, destruido infraestructura, maquinaria y equipos de la empresa por parte de la minería ilegal aliada al crimen organizado.
La minera ilegal es una rama del crimen organizado que crece sin parar —ya representa, según cálculo del sector, el doble que el narcotráfico— gracias, primero, a la protección que le otorga el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), un biombo para encubrir al delito en esta actividad.
Segundo, crece gracias al insuficiente apoyo de las fuerzas del orden para ejercer el papel ineludible del estado en la prestación de la seguridad que requiere la vida ciudadana y la actividad empresarial en todo el país, y que en Pataz ha llegado al extremo de parecer un territorio liberado.
Se requiere mayor presencia de la policía y un trabajo de inteligencia que hoy brilla por su ausencia. Como consecuencia, la empresa cuenta con un servicio de resguardo de nada menos que 1,200 personas que, sin embargo, no pueden reemplazar al estado en su misión fundamental de la seguridad.
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Tercero, la minería ilegal avanza gracias a que estas mafias tienen representación parlamentaria, específicamente de Perú Libre, que llegó de la mano con Pedro Castillo, y que las promueven con leyes desde el momento en que este nombró primer premier a Guido Bellido y se designaron ministros de energía y minas para defenderlas.
El crimen organizado es hoy en el Perú el nuevo Sendero Luminoso que está desintegrando al país pues avanza con zonas liberadas en la minería en Pataz o en Puerto Inca en el narcotráfico —pronto el nuevo Vraem— ante la pasividad y complicidad del estado.