El asesinato del político ecuatoriano y candidato a la presidencia Fernando Villavicencio ha encendido las alarmas. El crimen organizado amenaza poner en jaque a la democracia. No solo del Ecuador, sino de todo el continente. El Perú, por su intrincada geografía, sus recursos naturales y la debilidad de sus instituciones, es uno de sus espacios preferidos. Pero, sobre todo, le favorece los altos niveles de corrupción que se observa tanto en el Poder Ejecutivo, como en el Legislativo y el Judicial.
Villavicencio, periodista y político, atacó los dos frentes: la corrupción de los poderes públicos y el crimen organizado. Estos dos constituyen una unidad, los liga una especie de cordón umbilical. Sus gánsteres sabían que si Villavicencio llegaba a la presidencia, con su propuesta de enfrentar a la delincuencia y construir una gran cárcel para contener su expansión, había el riesgo de perder espacio, de la persecución policial y judicial, y de ir a prisión. Malograba el negocio. Había que eliminarlo.
La trama suena familiar. Lo novedoso es la alianza, cada vez más estrecha, de la mafia con la política y su internacionalización. Cada organización de la mano negra se ha expandido por los diferentes países del continente donde corrompen a burócratas y políticos ambiciosos y en alianza con ellos escalan a los más altos niveles de los poderes públicos. Socavada desde dentro, desde sus propias instituciones, la democracia enfrenta el riesgo de ser barrida por el crimen organizado.
Contener esta amenaza, precisamente, es la gran tarea que tienen por delante los Gobiernos de la región. Al crimen organizado internacionalmente tiene que enfrentársele en la misma medida. Las acciones aisladas están condenadas al fracaso.