
Nunca deja de sorprenderme esa rara pulsión de Keiko Fujimori hacia el parricidio simbólico, sobre todo tratándose de una candidata que ha tratado de usufructuar todo el activo político que dejó su padre y que es el colchón sobre el que reposa su, así llamado, voto duro: el 8% del país que votó por ella en primera vuelta y que logró que pasara a segunda frente a Pedro Castillo.
Y esa actitud parricida asomó (por lo menos en público) cuando emprendió una persecución contra su hermano Kenji por haber logrado la liberación de Alberto Fujimori, su propio padre, quien, a causa del escándalo que armó su hija y que terminó en la expectoración política del hermano, vio su indulto revocado y acabó de nuevo en prisión.
Ahora, sin embargo, la actitud parricida de Keiko es más evidente, aunque también mucho más simbólica, pues su bancada congresal (que no mueve una pestaña sin su aprobación) se ha dedicado, con el apoyo del resto de la ultraderecha, a demoler la Constitución de 1993, que viene a ser el mayor legado que dejó Alberto. ¿Por qué una hija propiciaría la demolición de ese legado y avalaría las recurrentes violaciones a su texto vía leyes inconstitucionales? ¡Vaya Freud a saberlo!
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Pero el parricidio más evidente es el que acaba de ocurrir ahora que el fujimorismo (también con la complicidad del resto de la ultraderecha) ha lanzado, como candidato a segundo vicepresidente del Congreso a Waldemar Cerrón, un representante del partido al que ellos mismos consideran el brazo legal de Sendero Luminoso. ¿Cómo puede la hija de un hombre que, según su propio relato, “derrotó” al terrorismo aliarse con personajes a los que ayercito nomás tildaban de terroristas?
No sé qué diría un psicoanalista de todos estos actos ¿inconscientes?, pero se me hace que Keiko Fujimori vive en un intento permanente de borrar a su progenitor de todas las maneras posibles. Claro, hasta que necesita usarlo -a él y a su discutible “legado”- para la siguiente campaña política.

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