El derecho a la protesta pacífica, por Jo-Marie Burt

Hoy organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), donde soy asesora principal, publicarán un comunicado que evidencia la preocupación que existe a nivel internacional sobre la posible vulneración a los derechos humanos de los y las peruanos que deciden participar en las marchas del 19 de julio en contra del Gobierno de Dina Boluarte.

Tras la convocatoria de nuevas manifestaciones, la primera reacción de algunas autoridades ha sido intentar limitar el ejercicio del derecho a la protesta, entre otras cosas, exigiendo permisos o registrando a las personas que ingresan a Lima, amenazando con el uso de la fuerza contra las personas manifestantes y con criminalizar a quienes deseen ejercer este derecho. El Gobierno amplió el estado de emergencia que restringe algunos derechos. La policía ha establecido puestos para controlar la entrada de personas de las provincias hacia Lima. El 15 de julio hubo un despliegue ostensivo de las fuerzas de seguridad en las calles de Lima. “El discurso oficial así como estas medidas parecen buscar un efecto disuasivo e incluso intimidatorio en quienes pensaban participar en las protestas”, reza el comunicado.

Las organizaciones de derechos humanos anotan que las instituciones del Estado peruano deben asegurar el pleno y libre ejercicio del derecho a la protesta, cuya protección es un elemento esencial para la democracia y una herramienta histórica para el reclamo de derechos. Como tal, exigen a las autoridades a tomar medidas antes, durante y tras las manifestaciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta, y a no utilizar la fuerza de manera desproporcionada, indiscriminada e ilegal contra civiles.

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Como han acreditado varias organizaciones internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las fuerzas de seguridad cometieron graves violaciones contra los derechos humanos de las y los peruanos que salieron a protestar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. La Defensoría del Pueblo constató la muerte de 49 manifestantes y transeúntes, la gran mayoría de ellos por impacto de proyectiles de armas de fuego que la evidencia indica fueron disparados por fuerzas policiales o militares. Para la CIDH, estas muertes constituyen graves violaciones a los derechos humanos, y en algunos casos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y calificarse como masacres, y como tal violaciones serias de las obligaciones internacionales del Estado peruano.

La comunidad internacional estará pendiente de cómo actúa el Gobierno del Perú y las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas. Esperamos que se respete el derecho a la protesta pacífica y que no se repite la triste historia reciente de uso excesivo de la fuerza letal y la muerte de personas que solo exigían sus derechos o que, en algunos casos, solo estuvieron en el lugar equivocado en el tiempo equivocado.