Sin poder preverse aún la dimensión de la movilización del 19 de julio (J19), esta puede ser la oportunidad para que la presidenta Dina Boluarte se adelante con una agenda no solo para encarar correctamente la protesta, sino para prepararse mejor para el año político que empieza el 28 de julio (J28).
La capacidad de convocatoria del J19 aún es incierta. Sus detractores creen que será baja, pues el entorno ha cambiado: ya no habría el financiamiento del crimen organizado de enero; la agenda de la protesta es múltiple con objetivos que desincentivan a algunos: cierre del congreso, renuncia de Boluarte, adelanto electoral inmediato, asamblea constituyente, liberación y reposición del golpista-corrupto, etc.
Los activistas de la marcha también creen que el entorno ha cambiado: las muertes de inicios de año reforzarán la protesta; el congreso se volvió más descarado en aprovechar el poder con fines subalternos; se aprendió de las ‘dos primeras tomas de Lima’ (sic); gobierno y parlamento son más impopulares. El entusiasmo los lleva a plantear que la protesta se extienda hasta el J28.
¿Qué podría hacer la presidenta Boluarte ante el J19 y el año político que se inicia el J28? Aquí una agenda mínima que se podría aplicar el 15 de julio:
1.Cero muertos. Preparar a la policía para las movilizaciones con pulcro respeto a los derechos humanos del protestante, y detener a los violentistas que irán a destruir infraestructura y provocar muertes.
2. Identificar con acción de inteligencia, antes de la protesta, a esos sectores violentistas (Movadef, Fenatep, etc.).
3. Renovar el gabinete ministerial, empezando por el premier; se necesita airear el gobierno.
4. Designar una comisión de la verdad con independientes por las muertes de la protesta previa: esclarecer hechos y hacer recomendaciones.
5. Volver a presentar el proyecto de adelanto electoral.
6. Observar la ley que recorta la colaboración eficaz (aunque el Congreso se haga el loco con el 5, y ratifique el 6, pero el gesto marca una posición).
Una agenda mínima así sería insuficiente para algunos activistas ultras —ciertos partidos, sindicatos, ONG, periodistas, viudas políticas de Castillo, sus cómplices—, así como para los grupos ultraviolentos, pero le haría bien al gobierno y, principalmente, al país.