Dos cámaras, por Raúl Tola

¿Para qué quería aprobar la bicameralidad este Congreso? La teoría dice que la existencia de una segunda cámara revisora, reflexiva, facilita una mejor calidad de las leyes que se aprueban. Un ejemplo peruano confirma esta idea: la intervención del Senado que atenuó la ley de estatización de la banca del Gobierno de Alan García, permitiendo que los bancos transfirieran acciones a sus trabajadores, lo que impidió la intervención estatal y evitó un daño irreparable a los ahorros.

Al mismo tiempo, la existencia de dos cámaras permite que se desconcentre el poder, dificultando la manipulación política. Por eso, los nuevos autoritarismos suelen preferir parlamentos unicamerales, como ocurrió con el proyecto político que emprendió Alberto Fujimori luego del autogolpe de 1992, cuando la presión internacional lo forzó a convocar la elección del Congreso Constituyente Democrático que produjo la Constitución vigente.

Por estas razones, yo apoyo la bicameralidad. Ahora bien, ¿era ese el propósito de nuestro Congreso? ¿Estaban nuestros parlamentarios preocupados por la calidad legislativa y democrática de nuestro país cuando lanzaron esta iniciativa? Claramente, no. Primero porque la votación se hizo por sorpresa, reactivando una reconsideración de hace 11 meses, solo un rato después de hacer público su contenido. Pero, sobre todo, porque el verdadero interés del Congreso radica en contrabandear normas dentro de la reforma, como eliminar el voto de investidura, aumentar significativamente su presupuesto o, en especial, conseguir la soñada reelección con una disposición que permite postular al Senado solo a quienes fueron congresistas con anterioridad.

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Es muy peligroso que una institución sin legitimidad, con una aprobación ridícula, rechazada por la absoluta mayoría de los ciudadanos, que viene dedicándose a desmantelar los pocos rastros de institucionalidad que había en el Perú, se aboque a reformas de este calado, que requerirían de un debate nacional abierto, amplio y plural. Lo es más todavía cuando modificaciones a la Constitución como esta (que se suma a otras, además de las que se han producido con la venia del Tribunal Constitucional, que permite que simples leyes modifiquen y contravengan la carta magna) son propulsadas desde un sector de nuestra clase política que se opuso a la asamblea constituyente impulsada por Pedro Castillo y Vladimir Cerrón.

En efecto, esa iniciativa era extraordinariamente peligrosa, pues buscaba replicar procesos como los que se han vivido en Venezuela, Ecuador o Nicaragua, donde gobiernos autoritarios o francamente dictatoriales han logrado consolidarse gracias a la promulgación de constituciones a su medida.

¿No debería regir el mismo principio para todos los casos? ¿No deberíamos evitar el manoseo de un instrumento fundamental como lo es la Constitución, que debe fijar el modelo de nación que queremos tener, y nunca ser el reflejo de intereses partidarios mezquinos, tampoco de caprichos y conveniencias, y mucho menos de proyectos mafiosos y corruptos? Felizmente, por esta vez, con un solo voto de margen, la iniciativa ha sido frenada.