Zamparse con pata de cabra al transporte, por Augusto Álvarez Rodrich
"La violación del gobierno de la institucionalidad regulatoria".
El desastre constatado del transporte público en la capital no habla bien del desempeño de la ATU, junto con otras entidades con competencia en el desmadre, como el municipio de Lima o el MTC, pero ello no puede justificar el peligroso embate contra la institucionalidad lanzado por el gobierno.
Podría ser bien intencionada, pero la ruta del premier Alberto Otárola y la ministra Paola Lazarte para sacar a María Jara de ATU es una pata de cabra en la institucionalidad regulatoria del país. Modificar el ROF para añadir “la pérdida de confianza de la autoridad proponente” como causal para remover a un miembro del consejo directivo —designados por cinco años para darle independencia y autonomía a la institución— constituye un atajo inaceptable.
Hace ya muchos años, siendo este columnista integrante del consejo directivo del regulador Osiptel, una ministra del MTC me envió una carta parecida exigiéndome la renuncia porque no tenía su confianza. Le respondí con otra carta en la que la mandé a rodar bien lejos, explicándole que ella podría despedir a sus viceministros, a su secretaria o a su chofer, pero no un consejero con autonomía e independencia en el marco de la ley.
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Los organismos reguladores peruanos se inscriben en modelos institucionales como el británico, en donde son árbitros entre los tres jugadores del mercado: empresas privadas, consumidores y gobierno, para lo cual requieren de manera indispensable autonomía e independencia frente a ellos.
El premier Otárola no entiende eso. Lo ha demostrado en sus movidas en Indecopi, y lo evidenció, con más audacia que conocimiento, cuando el 10 de enero fue al congreso a pedirle su confianza: “Hoy los organismos reguladores han fracasado abiertamente y han abdicado de su función de defensa y protección del consumidor. Vamos a reorientarlos para que respondan a la finalidad para la que fueron creados”.
El premier y la titular del MTC han violentado la institucionalidad regulatoria, quizá con la buena intención de resolver los terribles problemas del transporte urbano, aunque en esta actividad en la que abundan piratas y mafiosos con representación en el Congreso mediocre y corrupto que tenemos, siempre cabe la sospecha.