La urgencia de investigar

Los crímenes ocurridos durante las protestas sociales, y que han sido atribuidos al excesivo uso de la fuerza por parte de la policía y el ejército, no están siendo investigados con la urgencia y la independencia que requieren. Han trascurrido cinco meses en promedio, y no hay avances.

Una indagación periodística determinó que el encargado por la propia fiscal de la Nación no había hecho nada porque le faltaban los nombres y las direcciones de quienes estuvieron a cargo de los operativos.

Ante estas evidencias de acciones que ralentizan la investigación judicial, como el hecho de haber constituido un equipo especial de fiscales centralizado en Lima y cuya mayoría carece de la especialización en derechos humanos, o hasta ahora no haber procedido a la toma de declaración de la presidenta Boluarte, con la participación de los abogados de los deudos; se hace necesaria la existencia de un equipo de expertos internacionales que haga una investigación independiente, de calidad y, sobre todo, célere.

PUEDES VER: Boluarte respalda a las FF. AA. y PNP pese a sugerir responsabilidades individuales ante la CIDH

Esta fue una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha sido remitida oficialmente al Gobierno peruano junto con otras indicaciones que permitirán que se esclarezcan las muertes, se establezcan responsabilidades y se repare a las víctimas.

En el caso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el Perú (GIEI-Perú), cuatro organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos en el mundo han ofrecido su colaboración para participar en este equipo de trabajo.

PUEDES VER: ¿Cuántas fiscalías de derechos humanos fueron desmanteladas en el Gobierno de Boluarte?

Se trata del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el WOLA, RFK Human Rights y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Todos ellos tienen experiencia en haber realizado este tipo de investigaciones en otros países y podrían coadyuvar con las instituciones nacionales, que deben hacer su labor, para garantizar resultados.

La magnitud de lo ocurrido en el Perú no puede enterrarse en el olvido o tratar de cubrirse con el manto de impunidad. No hay posibilidad alguna de que mejore la imagen internacional del país, así contraten al mejor lobista, si es que no somos capaces de enfrentar un caso sospechoso de violencia de Estado y de crímenes extrajudiciales. Urge investigar y hacerlo bien, sin maniobras dilatorias tan contraproducentes.