Cosechando tempestades

La encuesta de Ipsos de la última semana deja en claro que para un 49% de ciudadanos, el golpe de Estado fue provocado por el Congreso de la República y que para el otro 46%, el expresidente Castillo es el responsable de la intentona golpista.

Esta lectura tan fraccionada de un solo hecho, ocurrido el 7 de diciembre del 2022, nos coloca ante una evidencia y muchas interrogantes que requieren de más explicaciones. ¿Qué piensa ese 49% que realmente pasó durante el golpe de Estado? ¿Consideran que la asonada fue un complot para derrocar a Castillo?

O se trata más bien de la expresión de la falta de legitimidad del Gobierno actual, que ha desperdigado su capital político con la represión sanguinaria que ha cobrado la vida de 49 civiles desarmados, la quiebra institucional de Sunedu, el real gobierno en la práctica que ejercen las minorías que perdieron las elecciones del 2021 o la actuación cómplice del Ejecutivo con el Legislativo en relación con, por ejemplo, el adelanto de elecciones, las que abonan a esta interpretación de un hecho como el ocurrido el 7 de diciembre.

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Potencialmente, es la suma de todos estos actos políticos del Gobierno de Boluarte que la han deslegitimado de cara al país. Se trata de una narrativa oficial que nunca llegó a cuajar, en algunos casos por absurda.

Como fue la intentona de convertir a todos los manifestantes en terrucos para incapacitarlos en su derecho a protestar y no expresar su desacuerdo con el mandato de la vicepresidenta de Castillo. O armar un tinglado lleno de “caviares” y consultorías para justificar un golpe mortal a la reforma universitaria.

O pretender ser un Gobierno de continuidad hasta el 2026, sin asumir el pasivo de lo actuado y sin responsabilizarse de una gestión a la que se perteneció desde el primer día. Todos estos actos hacen evidente la suerte de “esquizofrenia” en la que parece desarrollarse el régimen, sin identidad propia y con un solo objetivo: sobrevivir a como dé lugar, pactando bajo la mesa con los grupos de interés, como en el caso de las universidades “bamba”.

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La sobrevivencia para Dina Boluarte se pone cuesta arriba cuando la desaprobación en promedio bordea el 77% y en el sur la cifra se eleva al 92%. Casi tan impopular como el propio Congreso, sigue siendo útil para los intereses particulares de ciertos grupos económicos y su representación política.

Esta utilidad solo vale en la medida en que haya garantías para el capital y se mantenga el orden público. La crisis climática, aún en plena evolución, puede afectar las dos variables, por lo que el régimen sigue navegando en aguas agitadas, sin que se avizore el factor estabilizador correspondiente al ciclo político actual.