¿Intentamos comprender?, por David Rivera

Hasta el cierre de este artículo, todo parece indicar que la salida a la crisis política está lejos. O que para que el Gobierno y el Congreso reaccionen, el costo social, lamentablemente, será más alto. Porque esta misma semana, ambos poderes han evidenciado su desconexión, indolencia y (des)interés por lo que está pasando y pueda suceder en los próximos días.

Que la única respuesta del primer ministro para los 18 muertos de Puno haya sido responsabilizar a los “golpistas”, “financiados por dinero oscuro, foráneo y del narcotráfico”, es un ejemplo de ello. Otro lo es que, bajo su premisa y justificación de las muertes, hasta ahora no haya explicaciones siquiera para las de aquellas personas que no participaban de los actos de violencia y/o que no estaban intentando atacar un activo crítico como el aeropuerto de Juliaca.

Mientras tanto, en la misma semana en que se reiniciaban las protestas –y mientras se producían las muertes–, en el Congreso se buscaba recortar el mandato de las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones y del Reniec; se propuso modificar la Ley Orgánica de Elecciones para que las Fuerzas Armadas reciban un ejemplar del acta y de las cédulas de cada mesa de sufragio; se pretende modificar el criterio de proporcionalidad en el uso de la fuerza que hace la Policía Nacional; y se pretendió proteger al congresista acusado de violación, Freddy Díaz. Por irracional que parezca, ¿no son acaso razones suficientes para el hartazgo y para que un sector del país demande que se vayan todos ya?

Lo anterior no descarta que detrás de las manifestaciones haya grupos interesados en crear el caos y alimentar la violencia, y a quienes tampoco les importa el costo que ello tenga en vidas humanas. Por el contrario, además de considerarlo un costo necesario, es una manera de avanzar hacia sus objetivos.

Pero no es posible reducir el problema a esta lectura. No solo no ayuda, sino que es la manera más segura de que, conforme pase el tiempo, sea más difícil salir de la crisis.

Según la encuesta de Ipsos del 16 de diciembre, el 33% apoyó el golpe de Estado de Pedro Castillo, pero ese respaldo era de 40% en el interior del país y de 52% en el sur. ¿Acaso la mitad de la población de las regiones que protestan hoy ya eran parte de una maquinaria golpista y estaban siendo financiados por Bolivia, el narcotráfico y/o la minería ilegal?

¿Cómo entender ese nivel de respaldo a un gobierno que fue a todas luces incompetente y corrupto? Por un lado, Pedro Castillo logró convertirse en el político que representaba a ese sector del país, no necesariamente por sus propuestas electorales o sus acciones de gobierno, sino porque (y, tal vez, sobre todo) se sentían identificados con él. ¿Es contradictorio? Preguntémonos, ¿acaso la derecha no se sintió identificada con gobiernos corruptos como el de Alan García y Alberto Fujimori? Y si de incompetencia se trata, la población del sur que hoy protesta, ¿qué diferencia sustantiva podría reconocer con los gobiernos que lo precedieron?

Como ha recordado el economista César Huaroto, no solo somos el país con el menor nivel de satisfacción con la democracia, sino que la calidad de la misma viene cayendo sostenidamente desde el 2002 (“el grado en que las decisiones se toman en el mejor interés de las personas en contraposición a la coerción o grupos de interés reducidos”).

Si a ello le sumamos que el sector más reaccionario del país pretendió desconocer el resultado electoral, luego vacar a Castillo desde su primer día de gobierno y hoy, desde el Congreso, pretende crear las condiciones para asegurar que uno de los suyos gane la Presidencia o para cerrarle el paso a otro “Castillo”, ¿no es posible comprender la indignación y el hartazgo de quienes se sentían representados por él?

Cuanto más tiempo pase sin que el Gobierno y el Congreso comprendan las causas de la crisis, no solo será más difícil salir de ella, sino que, además, estarán alimentando las condiciones para que quienes hoy protestan apuesten luego por una solución más radical.