Candidaturas sin transparencia

Luis M. Iglesias León, abogado y funcionario público.

“¡Que se vayan todos!” es la consigna que resuena cada vez más fuerte en el país, ante los fuertes indicios de corrupción en torno a la primera magistratura, y ante un Congreso que –con honrosas excepciones– solo parece velar por intereses particulares; sin embargo, la pregunta que pocos se formulan es si se van todos, ¿quiénes entrarían? ¿a quiénes podemos confiarle el gobierno del Estado, sin pensar en que se irán al poco tiempo?

Lamentablemente, no cuestionarnos al respecto qué nos ha llevado en otras ocasiones a elegir a personas poco idóneas o con escasa integridad, contentándonos con el mal menor, actitud que asumimos no solo a nivel del Ejecutivo o el Congreso sino también para el caso de gobernadores regionales y alcaldes. Basta ver los casos recientes de los gobernadores de Ucayali y Junín, o de los alcaldes de Carabayllo e Independencia (Lima), Megantoni (Cusco) y Anguía (Cajamarca) –respecto de los cuales la Contraloría General de la República ha evidenciado presuntos actos de corrupción en los procesos de selección para ejecutar obras públicas y, en algunos casos, sobre quienes se dictaron prisiones preventivas– para tomar conciencia de que no basta que se vayan los malos, sino que los que pueden entrar tengan la idoneidad para asumir el cargo y no sean iguales o peores a los que se fueron.

Para hacer frente a este problema se han ido implementando algunos mecanismos y canales que permiten a los electores tener información oportuna y transparente sobre los candidatos(as) a cargos de elección popular, con la esperanza de que ello permita optar por los mejores. Así, por ejemplo, el JNE cuenta con una Plataforma Electoral denominada “Voto Informado”, que permite consultar las hojas de vida de los postulantes, o, en esa misma línea, plataformas como “Decide Bien” de la Asociación Civil Transparencia, a través de la cual se puede acceder a los planes de gobierno e información de los candidatos(as).

Finalmente, la plataforma “En estas elecciones, tú tienes el control” de la Contraloría General de la República, mediante la cual se puede acceder a la información relacionada al patrimonio de los(as) candidatos(as), sus ingresos o a los informes de control en los que hayan sido comprendidos por hechos presuntamente irregulares en el ejercicio de la función pública, así como, a las declaraciones juradas preventivas presentadas por todos los candidatos(as) en la contienda electoral.

Respecto a este último punto, a partir de junio del 2021, con la promulgación de la Ley 31227, la Hoja de Vida ha sido complementada con la denominada “Declaración Jurada de Intereses de Carácter Preventivo” (DJIP), que se exige actualmente a todo(a) candidato(a) a un cargo de elección popular, estando a cargo de la Contraloría General de la República la recepción, control, fiscalización de la misma.

En general, con la DJIP se busca identificar y transparentar los vínculos en el ámbito personal, familiar, laboral, económico y financiero que puedan tener los(as) candidatos(as), que pudieran significar algún conflicto en el cumplimiento de sus funciones y obligaciones una vez que asuman su cargo. Ello incluye asuntos como participación patrimonial en empresas y sociedades; poderes y mandatos; participación en consejos directivos y similares; consultorías y asesorías tanto remuneradas como no remuneradas; participación en comités de selección o adjudicación, y participación en asociaciones privadas. Cabe señalar además que esta información se exige no solo respecto del candidato(a) sino también de su cónyuge o conviviente, además de registrar información tanto nacional como del exterior.

Lamentablemente, a pesar de la obligatoriedad de la DJIP, el Contralor General de la República, señor Nelson Shack Yalta, informó que, hasta el primero de setiembre, solo el 14% del total de candidatos(as) a las próximas elecciones (10,995 candidatos de un total de 76,509) habían registrado su DJIP en el sistema de la CGR. Y al 12 de setiembre no se llega ni el 50% de cumplimiento.

En tal sentido, si dichas cifras no mejoran y considerando que las elecciones se encuentran a menos de un mes de realizarse, es claro que como electores no podremos tener información oportuna sobre los posibles conflictos de intereses de nuestros(as) candidatos(as) y cómo ello podría derivar en actos de corrupción en el futuro. Más aún, considerando el escaso plazo dado a la Contraloría General, poco se puede hacer para verificar la información brindada, a lo que se agrega que la norma no señale sanciones –como la exclusión.

Sin perjuicio de ello, la ciudadanía debe aprovechar al máximo las plataformas disponibles que analizan, interpretan e integran la información de los candidatos, especialmente, la plataforma “En estas elecciones, tú tienes el Control” de la Contraloría General de la República que, además de informar sobre las declaraciones juradas de intereses en general, e informes de control y sanciones, de quienes ya administraron recursos públicos, permite identificar y alertar sobre posibles infracciones sobre el uso de bienes y recursos estatales con fines electorales.

De ese modo, solo nuestro compromiso y diligencia ciudadana evitará que sigamos votando bajo un manto de incertidumbre, confiando casi a ciegas en las promesas de los(as) candidatos(as), esperando que ellos(as), esta vez, no incurrirán en los errores o delitos de sus antecesores. Solo queda, entonces, esperar que la voluntad popular opte esta vez por personas que apuesten realmente por la gente y no por sus intereses personales o familiares. Hoy más que nunca es un deber ciudadano emitir un voto reflexivo y a conciencia, habiendo examinado el perfil de cada candidato, a fin que las autoridades electas en las Elecciones Regionales y Municipales de este año no se sumen a ese círculo vicioso de la ineficacia estatal y la corrupción que tanto daño hace al país.