Honor, Meritocracia y Respeto

Luis Miguel Iglesias León, abogado y funcionario público.

Hace unas semanas, un ex ministro del Interior y luego una ex presidenta del Consejo de Ministros, renunciaron a sus cargos creando una crisis del gabinete, teniendo como causa principal, de acuerdo con lo manifestado por ambas autoridades, presuntos actos de corrupción en los procesos de ascensos e invitaciones al retiro en la Policía Nacional del Perú.

Esto no fue un hecho aislado y menor. Es la erupción visible de una crisis que viene del manto profundo de la disfuncionalidad del Estado y en general de la carencia de una robusta meritocracia estatal en Perú.

La meritocracia es un principio para asegurar que siempre los mejores ocupen los puestos públicos que el país necesita para que el Estado funcione bien. Busca que haya equidad, igualdad de oportunidades y calidad del gasto público en las planillas del Estado, traducido en personas idóneas al servicio de la población.

Ingresos, ascensos, promociones y retiros, sea en el fuero militar, policial o civil, deben responder a criterios objetivos y con altos estándares, para asegurar que el empleado público, siempre responda con calidad e integridad, en favor del bienestar común y las necesidades de la población, por encima de intereses particulares o subalternos.

La meritocracia redunda en procesos de selección legítimos, legales y limpios, ajenos a prebendas, corruptelas o decisiones políticas “a dedo”, incluso en los cargos de confianza, cuando se cumple estrictamente con los perfiles exigibles.

En este contexto, los sectores Defensa e Interior requieren de una meritocracia blindada, a prueba de las balas del abuso del poder y la corrupción. Cientos de miles de peruanos y peruanas forman parte de las fuerzas armadas y policiales, y su única oportunidad de avanzar profesionalmente aportando a la seguridad interna y la seguridad nacional, depende de un sistema meritocrático altamente predecible, incuestionable, que le dé merito a los mejores y expulse a los peores.

Un primer tema de reflexión a propósito de estos presuntos hechos irregulares ocurridos recientemente es la discrecionalidad y subjetividad en las decisiones que adoptan las altas autoridades en un Estado débil y caudillista como el peruano, que ha originado profundas injusticias en el devenir de nuestra historia y que han impedido la construcción de una institucionalidad sólida y respetuosa del estado de derecho.

No olvidemos el escándalo ocurrido en noviembre del 2021, cuando ex comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea fueron separados de su cargo a solo tres meses de su nombramiento, luego de denunciar presiones políticas para ascender a oficiales que no cumplían con los méritos y requisitos exigidos para ello, lo cual motivó no solo una respuesta por parte del Congreso de la República sino también la caída de otro ministro y el funcionario más cercano a la Presidencia de la República.

Existe evidencia de arbitrariedades en algunos procesos internos de ascensos en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Son pasados al retiro oficiales de impecable trayectoria y méritos profesionales sin mayor justificación, inclusive sin haberse presentado a ascenso, mientras que se promueven a otros que sí deberían ser alejados de las filas institucionales por sus faltas o porque simplemente, ya cumplieron su ciclo profesional o porque sus compañeros de promoción ascendieron y ellos no.

Por ello, es conveniente que los criterios, requisitos y consideraciones para la invitación al retiro por la causal de renovación deben estar expresamente especificados en la norma correspondiente, tratando que todos los conceptos, aún los más subjetivos, sean considerados en los méritos y deméritos de la hoja de vida profesional.

Solo así se puede garantizar una verdadera meritocracia, principio rector fundamental para una obediencia debida a la autoridad jerárquica, en nuestra Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Deben ser, en este sentido, los comandantes generales, quienes prediquen con el ejemplo. Y si existen vacíos normativos que permiten tropelías e irregularidades de algunos altos mandos, es el momento de perfeccionar las normas correspondientes, con la celeridad necesaria. Esto es muy urgente.

Las autoridades políticas del sector defensa e interior, ciertamente, no pueden ser los matasellos de las comandancias generales. Ellos deben dirigir la política de gobierno en sus sectores y además asegurar, desde la mirada vigilante del poder democrático, la actuación de supervisores y fiscalizadores en las instituciones militares, funciones perfectamente en el marco de la Ley.

Los comandantes generales merecen absoluto respeto por parte del presidente de la República en cuanto a su periodo regular de designación, atendiendo al orden de antigüedad en el escalafón; de igual forma, son exigibles a estos comandos, el cumplimiento irrestricto de dichos parámetros al interior de sus propias instituciones.

Ante ello, es imperativo que se destierre en las entidades castrenses y policiales, el secretismo en los ascensos para que la sociedad conozca sus procesos, pues solo ello permitirá garantizar que éstos se desarrollen bajo los parámetros de ley, en la línea de democratizar y fortalecer a las instituciones públicas, a fin de promover la transparencia y el acceso a la información pública. Se requiere transparencia absoluta. Resguardar su honor, depende de proteger el mérito por sobre todo.

Cada ascenso, cada invitación al retiro debe estar debidamente justificada y motivada en su resolución respectiva, así como en las actas correspondientes, basándose en la hoja de vida de cada concursante o miembro, con principios de igualdad y meritocracia para todos.