Los peruanos que no protegemos

Imagine que camina por un supermercado con su pareja. Se miran enamorados, sonríen, se recitan poemas. ¿Cómo reaccionarían las personas alrededor? ¿Cómo el establecimiento? Probablemente de manera muy diferente según tenga una pareja del mismo sexo o uno diferente del suyo.

Hace 18 años, Crissthian Olivera era un joven que paseaba en esas circunstancias con su entonces enamorado. El supermercado le dijo que su conducta era inapropiada, le pidió que se retire y que, si se quedaba, se alejaran, pese a que no se habían dado ni un beso.

Tras desestimación de sus pedidos en el país (Indecopi y el Poder Judicial), el 24 de agosto, el caso llegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Será esa instancia la que analizará la discriminación sufrida por su orientación sexual y buscará darle la protección que las autoridades peruanas le negaron.

Lamentablemente, no es el único caso en que dejamos sin protección a parejas de personas del mismo sexo. En otro caso reciente, Rodrigo Ventosilla y su esposo, Sebastián Marallano, viajaron por su luna de miel a Bali. Fueron detenidos por supuesta posesión de drogas y, luego de unos días, el primero perdió lamentablemente la vida.

La Cancillería peruana, más que dar condolencias y apoyar a las familias (frente a lo que tiene todos los visos de un abuso por discriminación y transfobia), ha aceptado la versión de las autoridades extranjeras sin exigir investigaciones.

Óscar Ugarteche y Susel Paredes, por mencionar un par de casos, han visto cómo los matrimonios celebrados con sus parejas en el extranjero no son reconocidos en el Perú. No solo porque se los niega el registro civil, sino también el Poder Judicial y hasta el Tribunal Constitucional (sentencias 676/2020 y 191/2022), lo que los obligará a seguir batallando legalmente -ahora en instancias internacionales- para que su unión sea realmente tal en su país.

Se desconoce con ello decisiones vinculantes, como la Opinión Consultiva 24/17, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debería llevar incluso a permitir la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo en el país.

Darling Delfín y Jenny Trujillo, dos mujeres lesbianas, casadas en México, siguen exigiendo ante el Poder Judicial poder figurar ambas como madres de su hijo, lo que hasta hoy les ha sido negado por el registro civil.

Estos son solo algunos de los casos que muestran cómo, solo por su orientación sexual, muchas personas no son realmente protegidas en el Perú.

Como tienen que luchar por este reconocimiento de derechos para poder unir sus vidas legalmente con sus parejas, para poder heredarles sus bienes, darles cobertura en sus seguros, que sean ellos los encargados de tomar las decisiones médicas en caso de ser requerido o que sus hijos sean realmente reconocidos como suyos. En suma, para ser reconocidas como personas plenas, sin que se les discrimine.

Además, la orientación sexual en el Perú puede ser un asunto de supervivencia. La violencia contra la población LGTBIQ+ es una realidad con cifras alarmantes, y, pese al problema, poco se visibiliza este agravante cuando se denuncia, investiga y juzgan estas agresiones en las instancias fiscales y judiciales.

Se dificulta también el acceso a la educación y la salud, el tener un trabajo (lo que se agrava para las personas trans). Así les ponemos serias trabas a su propia subsistencia autónoma. Más si se trata de personas en situación de pobreza, racializadas, con discapacidad o con los muchos otros factores que agravan la discriminación.

Tal vez pensarnos ante casos concretos nos haga ser un poco más conscientes del problema y de que requiere urgentemente una solución. Al final, solo por la orientación sexual generamos ciudadanos de diferente categoría: a unos les reconocemos derechos, a otros los desprotegemos.