Idoneidad

La idoneidad para la función pública nunca había sido tan nombrada y renombrada como en lo que va de la gestión del presidente Castillo, dados los múltiples y continuos cuestionamientos que hacia una gran parte de sus ministros y ministras se han dado.

Más recientemente hemos tenido que cuestionar —casi de forma desesperada— la poquísima idoneidad que se podía ver en Hernán Condori, ahora extitular del Ministerio de Salud, cuyo nombramiento era ya no solo poco idóneo, sino casi una injuria a la ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras de la salud.

En algunas horas más se deberá juramentar a un nuevo ministro o ministra de Salud y lo que parece estar en disputa nuevamente es si se elegirá una persona idónea para el cargo o una nueva cuota de poder político sin capacidad.

En ese contexto, creo que puede ser de utilidad que revisemos qué entendemos por idoneidad para la función pública y su importancia para la política y la gestión.

Según la Ley del Código de Ética de la Función Pública, la idoneidad es entendida como “aptitud técnica, legal y moral” y es “condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública”.

La idoneidad técnica, por supuesto, está directamente vinculada con si se reúnen las condiciones de formación y experiencia para desempeñar una función, en este caso, la de ministro o ministra de Estado.

Creo, sin embargo, que el contexto de deterioro institucional está haciendo que valoremos como técnica únicamente a lo vinculado con el conocimiento académico o de gestión, cuando su concepción debiese ser más compleja y completa.

Es innegable la necesidad de contar en el Estado con profesionales altamente calificados que permitan una buena gestión de las políticas y programas, pero la técnica y los diplomas por sí solos no garantizan la capacidad de toma de decisiones o el liderazgo. Los técnicos pueden mostrar los mejores datos, pero se necesita una visión clara de un proyecto político, una visión de país, que dé dirección y tome decisiones coherentes de hacia dónde apuntar con la evidencia.

Así, la idoneidad para un puesto ministerial debiese incluir un justo medio y equilibrio en el que se cuente con la formación y experiencia, pero también con una visión política y capacidad de liderazgo tanto al interior de su sector como hacia el exterior, pues sus capacidades para lograr posicionarse dentro del gabinete le permitirán también fortalecer su sector.

La idoneidad legal y moral, por su parte, resultan materias en las que se esperaría no tener que detenerse, pues el llegar a vestir un fajín ministerial debiese ser prerrogativa de personalidades de trayectoria intachable, sin procesos judiciales y sin posibles cuestionamientos en torno a su ética profesional y personal. Pero hoy en día parece que contar con un prontuario más amplio que el currículum se ha normalizado entre los altos cargos. Contar con ministros y ministras con idoneidad moral es lo mínimo que deberíamos esperar los ciudadanos y ciudadanas.

Pero, además, tengamos en mente que cada nombramiento y sus características son un mensaje a la población y tiene efectos en la forma en que percibimos determinadas materias. ¿Qué le estamos diciendo a la sociedad sobre la lucha contra la violencia hacia la mujer si nombramos sin problema a agresores? ¿Qué decimos sobre el valor de la ciencia y la evidencia si dejamos que un ministerio esté liderado por un vendedor de agua arracimada? ¿Qué decimos de la importancia de la cultura si elegimos para liderarla a una persona sin ningún conocimiento del sector? En esto también importa pues la idoneidad.

Quizás en estos días sea mucho pedir contar con tanta idoneidad en la gestión, pero no está demás que esta sea una ocasión para recordar su sentido pleno, y evaluar con ello en mente a quienes hoy nos gobiernan.