La ciudadanía construye institucionalidad

Las denuncias de ex comandantes generales de las fuerzas armadas, respecto a que han sido presionados para ascender a personas que no están aptas para ello, ha causado revuelo. Y, de hecho, esto no es para menos. Esta situación, como han mencionado varios, es inaceptable. Sin embargo, sabemos bien que esta no sería la primera vez que un Cuadro de Honor deja de ser ascendido porque alguien debajo de él fue señalado por la dedocracia poderosa del presidente o de algún alto mando del Estado. Esto suele ocurrir en todos los gobiernos. No nos engañemos. Podríamos preguntarnos, entonces, si esa indignación de la oposición es genuina o si solo busca encontrar excusas para deslegitimar al Ejecutivo por un mero interés vacador, en vez de apostar por la construcción del país.

Si bien esta pregunta es válida, no debería distraernos del efecto que esta corriente de opinión está generando: indignación ciudadana frente a la falta de respeto a la meritocracia. Mientras sentimos cómo todo parece retroceder en términos de fortalecimiento institucional, hoy tenemos más ciudadanos indignados sobre esto. Y esta situación es buena, porque cuando todo parece irse para abajo, la ciudadanía puede optar por buscar repararlo convirtiendo esta indignación en incidencia pública.

Que tengamos a todos nuestros expresidentes vivos, presos, con juicios o perseguidos por la justicia, podría hablar muy mal de nosotros y decirnos que hemos llegado a niveles extremos de corrupción en el país. Sin embargo, no se trata realmente de que la corrupción ha empezado a existir hace unos años. Sabemos bien que en nuestra historia republicana hemos tenido presidentes que han hecho lo que han querido. Se han llenado los bolsillos con recursos de todos y luego de ello han vivido impunes. Lo que hoy tenemos realmente son instituciones que funcionan y que son capaces de procesar a personalidades tan importantes o poderosas como expresidentes de la República. Y esto se ha logrado gracias a la indignación ciudadana que ha ido creciendo cada vez más y que ha empezado a identificar a la corrupción como uno de los problemas más graves del país, cosa que no sucedía hace 20 o 30 años, por ejemplo. El “roba pero hace obra” ya no sería una frase tan usada por electores y más bien esta puede haber sido reemplazada por: “elegir el menos malo” o al “mal menor”.

Hoy las encuestas nos dicen que la desaprobación al presidente Castillo es mayoritaria, pero estos mismos encuestados responden que no estarían a favor de una vacancia o de una negación de confianza al gabinete. Y esto último no implica, necesariamente, aprobar la gestión del Ejecutivo, sino que hay una apuesta ciudadana por defender la institucionalidad pública a la cual se le está empezando a encontrar una relación estrecha con la estabilidad política y económica del país, así como con la tranquilidad ciudadana.

Jóvenes millennials, esos a los que se les dicen que no les interesa nada, salieron a marchar hace un año, en plena pandemia, no para defender a un presidente revocado de su cargo, sino para hacer sentir su voz de indignación y demostrarnos que los ciudadanos tenemos el verdadero poder. Gracias a ello, los aparatos judiciales están funcionando, mientras que la ciudadanía permanece vigilante para que lo ocurrido hace un año tampoco quede impune.

Que hoy los ciudadanos no estén dispuestos a vacar a Castillo, no es porque lo defiendan a él como figura, sino que defienden la institucionalidad. Tal como pasó con Merino, no se trató de defender a Vizcarra.

Por ello, en cuanto la gente vea que es el propio Castillo el que no apuesta por la institucionalidad del país, perderá lo poco que le queda de legitimidad y ya nadie lo defenderá porque aquí lo que la gente defiende no son personas, sino al país.