Politizar el corto plazo combatiendo la inflación

La crisis política no tiene visos definidos de solución. Y los plazos se acortan pues antes de fin de mes el Premier Bellido debe exponer ante el Congreso la política general y las principales medidas del gobierno para obtener la confianza. Mientras, el gobierno tiene, pues, que gobernar.

Un tema clave es el alza del precio internacional de los combustibles y que revela el daño causado por las políticas neoliberales. Es el caso del GLP, que hoy está por encima de los 50 a 60 soles por balón de 10 kg. Inaudito.

El GLP pudo haber sido sustituido por la masificación a domicilio del gas de Camisea, que cuesta la mitad, pues proviene del Lote 88, que tiene precios regulados ya que sus grandes reservas revirtieron gratis al Estado en 1998, por la salida de Shell. Así, el gas de Camisea no está atado a ningún precio internacional. Muy importante. Pero no hubo gran masificación, salvo en Lima: los gobiernos la dejaron de lado pues se fijaban en la rentabilidad económica –no existe en ciudades pequeñas, sobre todo en la sierra– y no priorizaron la rentabilidad social.

Mientras llega la masificación (como en Argentina, Bolivia y Colombia), el GLP, a granel y envasado, debe volver al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, lo que lo abarata sin incurrir en subsidio. También se debe prorrogar la vigencia del diésel en el FEPC, que expira este mes.

Otra preocupación es el alza de los precios del trigo, la soya y el maíz, que afectan el pan, el aceite y el pollo, causando inflación en todo el mundo. Acá no aplica un “fondo de estabilización”. Por eso, el Presidente Castillo anunció el 28 de julio un bono para las familias vulnerables. Dice el MEF que será de S/ 350 por persona (un hogar con 2 adultos recibiría S/ 700) y llegaría a 14.5 millones de personas, con una inversión de S/ 5,100 millones. Se compensa a las familias por el alza de precios y la pérdida de empleo e ingresos y tiene efecto inmediato en la reactivación. Al Banco de la Nación le compete un rol central.

Más. Ha subido el precio de los fertilizantes, sobre todo urea y fosfato diamónico (DAP). Aquí tenemos otra espina neoliberal. En el 2005 se licitaron los fosfatos de Bayóvar y se permitió que se exporte como roca fosfórica (en bruto) y no exigió la construcción de una planta de DAP (Alan García la mencionó “de pasada” en el 2008). Así, ahora se exporta la roca y se importó DAP por US$ 70 millones en el 2019. El DAP ha aumentado a US$ 690/tonelada, 50% más que en el 2019.

La alternativa de corto plazo sería un Fondo de Estabilización de los Fertilizantes, tipo FEPC –con características propias– para estabilizar el precio de la urea (que se importa en mayores cantidades) y el DAP. Esto es clave pues abarata el costo de producción de los agricultores y de los alimentos. Para más adelante, una parte de la roca fosfórica debe priorizar el mercado interno con una planta de DAP en Bayóvar –convocando el Estado a empresas internacionales–, ahora que Talara producirá gran cantidad de ácido sulfúrico y que hay reservas de gas en la zona, ambos insumos claves para producir DAP.

Finalmente, pero tanto o más importante que lo anterior, es clave que la vacunación a cargo del MINSA continúe a todo vapor, más aún ahora que el mismo MINSA anuncia una posible tercera ola (variante delta), que causaría entre 60,000 y 130,000 muertes y que, además, afectaría la reactivación económica en curso.

Volviendo al principio, si bien la crisis política aún no tiene visos de solución, es imprescindible “politizar” el corto plazo en materia de precios de combustibles, fertilizantes y alimentos. Hasta aquí hemos hablado del Ejecutivo y sus acciones para paliar los efectos de la inflación sobre los alicaídos ingresos de la población. Pero, ojo, el mandato central en la preservación de la estabilidad de precios –con o sin crisis política– lo tiene el BCR. Y no ayuda tener el dólar a más de 4 soles.