
Por: Inés Flores
La carta enviada por embajadores de cuatro países (Canadá, Colombia, Francia y Australia) al presidente del Congreso, Manuel Merino, observando que la ley que suspende el cobro del peaje “vulnera la estabilidad jurídica en el país para invertir en el Perú”, no ha merecido hasta el momento de escribir esta columna la respuesta formal del gobierno ni del mismo Congreso de la República.
Precisamente las empresas afectadas por la ley que aprobó el Legislativo, suspendiendo el cobro de peajes en el país mientras dure la pandemia del coronavirus, pertenecen a los cuatro países en referencia.
El caso plantea dos interrogantes. Primero, ¿esta misiva ha seguido el camino diplomático correspondiente? Segundo, ¿estamos ante una grave intervención extranjera en asuntos que conciernen exclusivamente al Estado peruano?
Al respecto es necesario tener en cuenta el artículo 44 de la Constitución Política del Perú que garantiza la defensa de la soberanía nacional.
La defensa de la soberanía nacional, pues, no se restringe a impedir el ingreso de tropas extranjeras a nuestro territorio, sino también a rechazar cualquier forma de intervencionismo foráneo sobre decisiones de orden social, político o económico que sólo atañen al Estado peruano.
Más allá de los cuestionamientos a la actuación del actual Congreso de la República, está la dignidad de un país soberano. Hay que cuidar que este hecho (que además reviste cierto estilo lobístico) no sea un precedente a cualquier otra forma de intervención extranjera. Esperamos las explicaciones de la Cancillería y la opinión de los diplomáticos.





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