En un giro preocupante para los defensores de los derechos humanos, la detención de Rocío San Miguel por el Gobierno de Nicolás Maduro ha capturado la atención internacional, especialmente de Estados Unidos, que expresó su inquietud por el tratamiento de activistas y opositores en Venezuela. Este problema evidenció las escasas garantías que tiene la libertad de expresión en el país llanero y el dominio del autoritarismo.
La acusación de "traición a la patria", "terrorismo" y "conspiración" contra San Miguel, una figura prominente en la lucha por la transparencia y la justicia en Venezuela, ilustra la creciente represión hacia las voces críticas del Gobierno de Maduro. Su arresto, junto con el de miembros de su familia, marca un escalofriante precedente en términos de libertad de expresión y derechos humanos en la región.
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Rocío San Miguel, destacada por su labor en defensa de los derechos humanos y su conocimiento en asuntos militares, enfrenta graves acusaciones por parte del Estado venezolano. Detenida el último viernes 9 de febrero, la Fiscalía le imputó en cargos que incluyen "traición a la patria" y "terrorismo", una maniobra que ha sido interpretada por muchos como un intento de silenciar a una de las voces más críticas contra el régimen de Maduro.
Este incidente se enmarca dentro de un patrón más amplio de represión, en el que las autoridades venezolanas intensificaron sus esfuerzos por desmantelar la oposición y cualquier forma de disidencia. La situación de San Miguel y su familia destaca la utilización del sistema judicial como herramienta de persecución política.
Rocío San Miguel se ha establecido como una figura clave en la observación y crítica de la gestión militar y de seguridad en Venezuela. A través de su trabajo, buscó promover una mayor transparencia dentro de las Fuerzas Armadas, además de fungir como defensora de los derechos fundamentales y la democracia en su país. Su compromiso con estos principios la ha colocado en el punto de mira del Gobierno y ahora enfrenta cargos que ponen en riesgo su libertad y seguridad personal, tanto la de ella como la de su familia.
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La reacción de Estados Unidos frente a la detención de Rocío San Miguel ha sido de firme condena. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Washington, ha manifestado su "profunda preocupación" por las acciones del Gobierno contra la activista y su familia, y ha enfatizado en la necesidad de que Maduro cumpla con los compromisos internacionales relativos al tratamiento de la sociedad civil y los opositores políticos dispuestos en el Acuerdo de Barbados.
"Somos conscientes de los informes de que Rocío San Miguel y creo que algunos miembros de su familia han sido detenidos. Estamos profundamente preocupados por eso", expresó Kirby.
Por medio de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por el estado de Rocío San Miguel y exigieron su pronta liberación, ya que este arrastro arbitrario incumplía con toda norma en defensa de los Derechos Humanos.
"Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal", se lee en el comunicado.
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