
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que su hijo Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, deberá responder ante la justicia si se comprueba que perpetró un delito. En entrevista con el 'Jornal Nacional' de TV Globo, el mandatario aseguró que no tomará ninguna medida que lo proteja ni interfiera en las investigaciones de la Policía Federal por presunto tráfico de influencias.
"No haré ningún intento por encubrir a mi hijo si cometió un error, como otros lo han hecho antes", declaró el jefe de Estado. Lula admitió sentirse decepcionado por la situación, aunque calificó las acusaciones como ilaciones sin pruebas. El caso involucra a Lulinha y a Marco Aurélio Ribeiro Santana, exjefe de Gabinete de la Presidencia, en negociaciones con cabilderos.
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El Ministerio Público mantiene tres investigaciones contra Lulinha por sospechas de tráfico de influencias para facilitar contratos con el gobierno federal. Las pesquisas están a cargo de los ministros André Mendonça y Flávio Dino, del Tribunal Supremo Federal. En paralelo, las autoridades indagan a Marcola por recibir dinero, joyas y otros beneficios de la lobista Roberta Luchsinger.
De acuerdo con la Policía Federal, Roberta pagó gastos personales del exasesor, como facturas, cuotas de préstamos y saldos de tarjetas de crédito. Lula calificó ese comportamiento de inapropiado y sostuvo que Marcola cometió un error.
"No es algo adecuado recibir favores de un cabildero", expresó el jefe de Estado. Aun así, defendió que no hay evidencia de que su excolaborador haya repasado pedidos a ministros para que fueran atendidos.
El mandatario también negó conocer a Roberta Luchsinger. "Nunca la he visto en mi vida, nunca he hablado con ella", aseguró. Lula se refirió a un mensaje en el que la lobista afirmó que él le había ofrecido un cargo y respondió que se trata de una completa tontería.
El presidente cuestionó la difusión de información reservada sobre el caso. La revista Veja publicó la semana pasada una de las investigaciones, con mensajes entre Lulinha y Roberta Luchsinger. Lula sostuvo que la corporación está filtrando datos a la prensa y que eso entorpece el trabajo judicial.
La declaración coloca en una posición incómoda al director general de la institución, Andrei Rodrigues, considerado un hombre de confianza del mandatario. A pedido de los abogados de Lulinha, se abrió una pesquisa con el fin de identificar a los responsables de la filtración.
Lula insistió en que, hasta ahora, no existen pruebas de uso de dinero público ni de conversaciones entre su hijo y algún ministro. "Lo que necesitamos saber es si esta mujer logró entregar el dinero que decía buscar. ¿Hay pruebas de que se trate de fondos públicos? Porque ahí es donde reside el delito", afirmó. También señaló que el caso del Banco Master le parece más grave y que está siendo silenciado.
Los escándalos se convirtieron en un tema central de la contienda presidencial de octubre, donde Lula busca la reelección. El principal rival del progresista es el senador ultraderechista Fábio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La oposición ha utilizado las pesquisas con el objetivo de cuestionar al Gobierno y al Partido de los Trabajadores.
Lula recordó que fue víctima de acusaciones falsas durante el caso Lava Jato y que su esposa Marisa Letícia murió en medio de ese proceso. Dijo que su hijo conoce esa historia y que por eso tenía la obligación de no equivocarse. "Si Fábio cometió cualquier ilícito, tendrá que pagar como cualquier ciudadano brasileño", indicó.
El presidente también fue consultado por la relación del exministro de Seguridad Social Carlos Lupi con el escándalo del INSS. Lula evitó condenarlo y argumentó que no hay sentencia en su contra. "Es un ciudadano libre. Esperemos a que concluya la investigación", declaró.
El mandatario aprovechó la entrevista para hablar de seguridad pública. Manifestó su intención de recuperar territorios dominados por facciones criminales y dijo que Brasil está preparado para trabajar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Sobre la violencia en Bahía, gobernada por el PT durante dos décadas, Lula consideró injusta la clasificación de esa región entre las más violentas del país.





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