
El medio ABC reveló que un decreto ejecutivo, firmado el 9 de enero, establece que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, es el encargado de supervisar los fondos obtenidos de la venta de petróleo venezolano para destinarse a la transición política del país sudamericano.
Por tanto, el nuevo papel exclusivo del republicano de ascendencia cubana limitará el control de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y del régimen chavista sobre las inversiones en el sector de hidrocarburos. El documento, que no fue anunciado públicamente, declara una emergencia nacional con el objetivo de impedir que dichos recursos sean embargados, transferidos o sujetos a procesos judiciales.
ABC indicó que el decreto ejecutivo pretende salvaguardar los fondos venezolanos de las demandas de acreedores internacionales que han acumulado reclamaciones durante años. Además, se busca evitar que estos recursos sean absorbidos por el sistema de corrupción que ha caracterizado al chavismo. Desde la Casa Blanca aseguran que Rodríguez no tendrá autoridad sobre dichos fondos y esta condición funciona como una advertencia clara hacia el gobierno de Caracas.
Pese a que la orden califica los fondos como 'propiedad soberana' de Venezuela, su custodia recae específicamente en Rubio. Cabe señalar que esta medida no se considera una transacción comercial, sino una estrategia de política exterior destinada a ejercer control sobre la dictadura de manera remota. El Tesoro de Estados Unidos deberá designar las cuentas y precisar que el dinero no es de su propiedad, pero tampoco podrá ser utilizado sin la debida autorización.
Según el diario español, la resolución se produce en un instante en el que Donald Trump busca mantener un delicado equilibrio, ya que establece una colaboración con Delcy para abordar la coordinación migratoria, la liberación de prisioneros y un marco básico para operaciones energéticas. Sin embargo, a nivel interno, el presidente de EE. UU. se esfuerza por no mostrar una imagen benevolente. De hecho, los ingresos provenientes del petróleo se convierten en un límite inquebrantable.
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Por otro lado, ABC señaló que los republicanos de Florida, reconocidos por su influencia en la política hacia Venezuela, han mostrado un escepticismo evidente respecto al plan de comercializar petróleo venezolano mientras Rodríguez permanezca en el poder. Según fuentes citadas por el medio Semafor, la primera transacción de la venta de 50 millones de barriles de petróleo habría generado US$500 millones. Reuters reportó que una parte significativa de esta suma fue reinvertida en la economía venezolana.
Para los legisladores de Florida, la cifra presentada representa una señal de alerta. Por ejemplo, Mario Díaz-Balart expresó su preocupación y señaló que la presidenta interina es una persona con "un historial extensísimo de corrupción". De hecho, los republicanos mantienen una estrecha conexión con la líder opositora María Corina Machado.
Asimismo, María Elvira Salazar exigió una supervisión constante sobre la gestión de los fondos. "Conocemos las acciones de ese grupo respecto al dinero. No lo destinarán a los hospitales de Caracas", sostuvo. Por su parte, Carlos Giménez sugirió que podría ser necesario destinar recursos para salarios o adquirir suministros para la población, mientras que no se enriquezca el régimen chavista.

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