
El presidente Donald Trump amenazó este jueves 15 de enero de 2026 con activar una ley centenaria para enviar militares a Minnesota, donde el agente Jonathan Ross mató a disparos a la estadounidense Renee Nicole Macklin Good. El deceso de la mujer provocó protestas en ciudades como Washington, Filadelfia, Boston, Austin, Seattle, Nueva York y Los Ángeles. Sin embargo, las manifestaciones también desataron enfrentamientos entre autoridades estatales y federales por las tácticas utilizadas en las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).
La advertencia de Trump coincidió con el suceso en el que un agente federal disparó e hirió a un venezolano. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes realizaban una "parada de tráfico selectiva" cuando el latino "indocumentado" recibió un impacto de bala en la pierna por resistirse al arresto y 'agredir violentamente' a uno de los agentes. Este incidente, según la Casa Blanca, comenzó alrededor de las 6:50 de la noche del miércoles 14.
A través de Truth Social, el líder republicano informó que podría activar la Ley de Insurrección si "los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales y a los insurrectos que atacan a los patriotas de ICE". Sostuvo que "muchos presidentes" han utilizado la mencionada norma antes que él. La última vez que un presidente usó la Ley de Insurrección fue George H. W. Bush en 1992, cuando solicitó ayuda para enfrentar los disturbios generados en Los Ángeles.
La normativa, aprobada en 1792 y modificada en 1871, permite al presidente de Estados Unidos desplegar militares en determinadas circunstancias, como a pedido de un gobernador o cuando el mandatario considere que existen "obstrucciones ilegales" o una "rebelión".
Sin embargo, la Ley de Insurrección trabaja de manera conjunta con la Ley Posse Comitatus de 1878, que limita el uso de las Fuerzas Armadas en suelo estadounidense. Es preciso mencionar que Trump ya había amenazado con invocar dicha norma en respuesta a las protestas contra ICE en Portland en 2025.
Los funcionarios de Minnesota e Illinois presentaron de manera independiente demandas para enfrentar la ofensiva migratoria impulsada por Donald Trump contra los inmigrantes indocumentados. Ambos estados citaron la Décima Enmienda para respaldar el argumento de que el despliegue masivo de agentes del ICE representa un exceso de poder federal y una violación de la soberanía estatal.
En ese contexto, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, aseveró que el aumento de agentes federales viola la Décima Enmienda, que establece la división de poderes entre los gobiernos estatales y el federal. Asimismo, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, comentó que hará que la administración Trump "rinda cuentas" por las "tácticas ilegales" que usa el ICE para arrestar a los extranjeros.

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