
Al menos 18 militares fueron secuestrados por una multitud que, al parecer, buscaba impedir una operación contra el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), que controla regiones productoras de drogas. El hecho ocurrió en la localidad de Carmen de Atrato, una zona rural del departamento del Chocó, situado en el oeste de Colombia, cerca de la frontera con Panamá.
A través de un comunicado, la XV Brigada del Ejército precisó que "una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena".
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó el secuestro de las tropas. Asimismo, el Ejército de Colombia hizo un llamado "urgente, respetuoso y perentorio" a las autoridades competentes, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para garantizar la integridad física y la liberación de los soldados retenidos.
Sánchez indicó que las comunidades locales estarían en "grave riesgo" si se restringe la operación militar. "Estos operativos tienen como objetivo proteger a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas, de amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros actos asociados a la violencia", señaló en X (antes Twitter).
También aseguró que "la paz" no se construye "secuestrando soldados ni debilitando al Estado". Ante la Fiscalía General de Colombia se presentó una denuncia penal por el rapto de los militares.
El secuestro o retención de militares a manos de civiles se ha vuelto frecuente en el conflicto colombiano. De acuerdo con las autoridades, los habitantes de zonas remotas son "instrumentalizados" por guerrilleros o narcotraficantes para impedir las operaciones militares.
Los casos más recientes se produjeron en agosto, cuando 34 militares fueron secuestrados por campesinos en el departamento del Guaviare, y en septiembre, cuando otros 45 corrieron la misma suerte en el Cauca. En ambos casos, todos fueron liberados días después con la mediación de misiones humanitarias.
La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, informó que convocó un "consejo extraordinario de seguridad" para buscar la liberación de "18 militares que cumplían sus funciones legales".
El grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un "cese al fuego unilateral" durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. La medida, que terminaría el 4 de enero de 2026, se produjo luego del ataque del ELN con drones y explosivos que dejó al menos 7 soldados muertos y 30 heridos en una base militar de Colombia.
En 2024, el grupo ya había anunciado una iniciativa similar. Sin embargo, el ministro Sánchez puntualizó que "no existe ningún cese al fuego ni orden de detener la protección del pueblo colombiano".

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