
Una polémica decisión ha vuelto a sacudir El Salvador. El pasado jueves, el Congreso aprobó, por amplia mayoría, una drástica reforma constitucional que autoriza la reelección presidencial indefinida. La medida fue respaldada por 57 votos de legisladores oficialistas y solo tres en contra, en un Congreso dominado por el partido de Nuevas Ideas (NI), fundado por el presidente Nayib Bukele. La votación se llevó a cabo aproximadamente cuatro horas antes del inicio del feriado nacional, cuando gran parte de la población ya se preparaba para el asueto.
La reforma permitirá al presidente Nayib Bukele, de 44 años, postularse a la presidencia un número ilimitado de veces. Entre los principales cambios se incluyen la reelección indefinida, la extensión del periodo presidencial de cinco a seis años y la eliminación de la segunda vuelta electoral. Con estas modificaciones, el oficialismo refuerza aún más su poder en un país donde los contrapesos institucionales han sido debilitados, según advierten organismos internacionales. Ante este panorama, diversos especialistas analizan el impacto político y democrático que podría generar esta reforma en El Salvador.
Mario Mejía, periodista independiente de El Salvador, y Marcela Galeas, abogada especializada en Derecho Penal, señalan que las reformas aprobadas por el Legislativo vulneran los principios básicos del sistema democrático salvadoreño. Mejía considera que estos cambios legales "confirman el deseo de poder absoluto del gobierno de Nayib Bukele", y advierte que la reforma fue impulsada de manera exprés, justo antes del inicio de un feriado, a fin de evitar el escrutinio público. "Lo que ya todo el mundo esperaba en El Salvador, las ansias de poder, en una forma de retroceso democrático", agregó.
Por su parte, Galeas sostuvo que estas reformas aprobadas desmantelan el equilibrio entre los poderes del Estado, al modificar principios constitucionales que, hasta ahora, eran consideradas intocables. "Se están anulando garantías de pluralidad y de control entre órganos, lo que debilita por completo la figura de la república democrática", aseguró.
La votación fue impulsada y respaldada por la mayoría legislativa del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), liderado por el mandatario Bukele, lo que evidencia el dominio del Ejecutivo sobre el Legislativo. Este control absoluto, según advierte la especialista, ha permitido imponer cambios sin oposición efectiva, consolidando así un modelo de poder sin contrapesos ni alternancia real.
Aunque el oficialismo sostiene que las reformas reflejan la "voluntad popular" y el "deseo de la estabilidad", ha sido cuestionado en las últimas horas. En ese sentido, Marcela Galeas indica que "estas decisiones no pasaron por una consulta popular ni por una asamblea constituyente, como establece la Constitución. Galeas sostiene que los diputados oficialistas asumen que los votos que recibieron los autoriza para modificar el orden constitucional, pero no es así. Desde su perspectiva, el proceso fue "inconstitucional" y carente de mecanismos democráticos.
Además, Galeas señala que la aprobación exprés, realizada la noche del jueves previa a un feriado nacional, buscó minimizar la reacción ciudadana. "Lo hicieron cuando el pueblo ya estaba de vacaciones, lo encontraron dormido", agregó.
En ese sentido, Mario Mejía coincidió en que el respaldo popular no basta para justificar una concentración total del poder. Afirmó que "la gente sigue atrapada en lo que muchos llaman ‘milagro Bukele’ por haber acabado con las violentas pandillas", pero enfatizó que ese logro ha servido como excusa para debilitar las bases democráticas. "La población sacrificó derechos por seguridad, sin darse cuenta de que cuando quieran protestar o criticar, ya no tendrán garantías", agregó Mejía.
Una de las reformas aprobadas el jueves permite extender el mandato presidencial de cinco a seis años y adelantar las elecciones de 2029 a 2027. Lo que significa que, si el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, postula y es reelegido, podría gobernar hasta el año 2033. En ese contexto, para el periodista Mario Mejía, esta proyección de poder absoluto a largo plazo profundiza las condiciones para un régimen autoritario. "Ya hay presos políticos, más de 40 periodistas exiliados y más de 400 personas fallecidas en cárceles sin haber pasado un debido proceso. ¿Qué podría pasar cuando tenga el poder asegurado por muchos años más?", advirtió.
Mejía sostuvo que lo que se avecina es una etapa de mayor represión contra quienes ejercen contraloría social o periodismo independiente, con un ambiente hostil para la transparencia y los derechos fundamentales. "El manual del dictador latinoamericano se está cumpliendo paso a paso. Lo que viene es el silenciamiento de toda voz crítica. Quienes no salgan del país podrían terminar en prisión. Ya lo vimos en Nicaragua, en Venezuela, y ahora está pasando en El Salvador".
Desde el campo jurídico, la abogada Marcela Galeas coincidió en que la reforma amplía el riesgo de criminalización, en especial para periodistas, abogados y académicos que expresan opiniones contrarias al gobierno. "Incluso emitir un jucio legal fundamentado puede ponerte en la mira del Estado. Hay acoso, amenazas, y cierre de espacios institucionales", indicó. Para ella, este escenario coloca en situación de vulnerabilidad a todo aquel que cuestione al poder, aunque lo haga dentro del marco constitucional en El Salvador.
Hasta ahora, Nayib Bukele no ha confirmado públicamente si buscará un tercer mandato presidencial. En 2023, declaró a la revista Time que no volvería a postularse, alegando que la Constitución lo prohibía y que había prometido a su familia retirarse. Sin embargo, las reformas aprobadas recientemente le abren una vía directa para hacerlo sin obstáculos legales. Para Mejía, "Bukele tiene ahora una pista de aterrizaje sin ningún obstáculo para reelegirse las veces que quiera", y alertó que "el Tribunal Electoral, que debería ser independiente, hoy está arrodillado al presidente".
Desde el plano jurídico, Marcela Galeas criticó la forma en que se realizaron estas modificaciones. Afirmó que "la Constitución ha quedado en letra muerta, porque los cambios se están haciendo de manera arbitraria y conveniente". Según explicó, reducir el mandato actual con el argumento de unificar las elecciones “no responde a criterios constitucionales, sino a una estrategia política para consolidar el control total de los órganos del Estado”. Para ambos especialistas, la reforma electoral no solo favorece la continuidad de Bukele en el poder, sino que debilita aún más las garantías democráticas del proceso electoral en El Salvador.

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