
Más de 66 millones de pasajeros pasaron en 2024 por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el principal punto de entrada aérea a España, de los cuales más de 48,5 millones eran viajeros internacionales. En medio de este alto flujo migratorio, un hecho delictivo ha sacudido a las autoridades: un policía del control fronterizo fue detenido por cobrar dinero a extranjeros para dejarles ingresar al país.
El Juzgado de Instrucción n.° 39 de Madrid ha abierto una investigación contra el agente de la Policía Nacional, acusado de cohecho tras ser denunciado por varios pasajeros. El funcionario exigía pagos ilegales a cambio de permitir el ingreso de migrantes en el aeropuerto España más transitado, según revelaron fuentes judiciales.
El agente actuaba en el segundo filtro de seguridad del aeropuerto Madrid-Barajas, donde se revisan los requisitos legales para ingresar al país. Allí, aprovechaba su autoridad para solicitar pagos de hasta 100 euros por persona y día a migrantes con documentación incompleta o escasos recursos.
Entre los requisitos que revisaba figuraban la validez del pasaporte, los motivos del viaje y la suficiencia de medios económicos. Si detectaba alguna irregularidad, presionaba a los viajeros para entregar dinero en efectivo con la promesa de no ser rechazados en el control migratorio.
Para encubrir el cobro, el policía borraba los nombres de quienes le pagaban de la lista de inadmitidos. Esto evitaba que quedaran registros de la coacción ejercida. Las víctimas, en su mayoría procedentes de países hispanoamericanos, presentaron sus denuncias ante las autoridades, lo que permitió iniciar el proceso penal.
Tras los testimonios de las víctimas, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional identificó al responsable y lo detuvo dentro del propio aeropuerto España-Madrid. La jueza encargada del caso ordenó su ingreso en prisión provisional, mientras se avanza con el procedimiento judicial.
Según fuentes próximas al proceso, la Fiscalía solicitó que el juicio sea llevado por un jurado popular, dada la gravedad del delito y el abuso de poder ejercido por un funcionario público. El acusado enfrenta penas por cohecho y otras responsabilidades penales, en un caso que pone en cuestión los controles migratorios en el aeropuerto más importante de España.

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