
Abdulhadi Mana A S Al-Hajri, un millonario catarí vinculado a la familia real, llegó a adquirir 10,000 hectáreas en la Patagonia, Argentina. De acuerdo con la información revelada por Canal 26, el magnate estaría próximo a realizar la construcción de una residencia de lujo para uso personal, además de tres centrales hidroeléctricas. El territorio fue adquirido mediante la empresa Baguales Acquisitions S.A.
No obstante, este megaproyecto, situado en la provincia de Río Negro, genera preocupación entre las organizaciones ambientales y comunidades locales del país. Cabe resaltar que la ausencia de información con respecto al alcance de las obras hace que la construcción sea una disyuntiva permanente para el impacto ecológico en las áreas cercanas del río Villegas.
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Un inversor qatarí —parte de la familia real a través de la empresa Baguales Acquisitions S.A.— adquirió en 2017 casi 10 000 hectáreas en la cordillera de Río Negro, cerca del río Villegas, tras comprar esos campos al grupo belga Burco, que los adquirió a su vez mediante beneficios fiscales de la provincia.
Para facilitar la operación local, este fondo qatarí se asoció con el extenista Gastón Gaudio, que actuó como socio estratégico en el emprendimiento, que además contempla la construcción de una residencia de lujo para la familia real y tres plantas hidroeléctricas para abastecer un exclusivo complejo turístico en la zona de alta montaña patagónica.
Según documentación oficial, el proyecto incluye la construcción de una residencia privada de lujo y tres centrales hidroeléctricas (ChiBa I, II y III) que generarían hasta 920 kW de energía para abastecer el complejo. El Departamento Provincial de Aguas de Río Negro otorgó una concesión por 30 años para el uso del recurso hídrico, limitada al período invernal.
Además, el plan cuenta con un estudio de impacto ambiental aprobado en 2022. Aunque el desarrollo generó cuestionamientos por su posible impacto ambiental y la falta de consulta a comunidades indígenas, hasta ahora cumple con los marcos legales vigentes.
La autorización del Departamento Provincial de Aguas (DPA) para instalar tres centrales hidroeléctricas sobre el arroyo Baguales fue objeto de fuertes cuestionamientos por presuntas irregularidades legales y ambientales.
La legisladora Magdalena Odarda denunció que el proceso omitió la participación de la Legislatura, no se hizo público oportunamente ni se convocó a una audiencia pública, y se incumplió con la obligación de consultar a las comunidades indígenas de la zona, como exige la normativa vigente. Ante estas observaciones, Odarda presentó un proyecto de ley para anular la resolución emitida por el DPA el 20 de enero, firmada por su titular Augusto De Antoni Niell y oficializada tres días después en el Boletín Oficial.

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