
Desde que asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo por intento de golpe de Estado, la presidenta Dina Boluarte estuvo bajo permanente escrutinio público. Su estilo de gobierno, marcado por la concentración de funciones sin vicepresidente, la tensión institucional con el Congreso y una creciente crisis de inseguridad ciudadana, fue duramente cuestionado. En ese contexto, sus constantes viajes al extranjero generaron debate tanto por su legalidad como por la pertinencia de sus fines diplomáticos.
Durante el primer semestre de 2025, solicitó permiso al Congreso para salir del país en cinco oportunidades, con cuatro viajes aprobados y uno rechazado. Aunque se presentaron como actividades oficiales, estos desplazamientos fueron analizados por el politólogo José Alejandro Godoy, especialmente al contrastarse con los viajes de otros mandatarios latinoamericanos como Nicolás Maduro, Daniel Noboa, Gustavo Petro y Gabriel Boric. La frecuencia y el enfoque de las salidas internacionales de la jefa de Estado peruana la colocan como una de las más activas en el escenario diplomático regional.
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En lo que va de este año, la presidenta Boluarte concretó cuatro viajes al extranjero:
A nivel regional y teniendo en cuenta solo el 2025, los viajes internacionales de Dina Boluarte la colocan por encima de otros jefes de Estado en términos de frecuencia:
Frente a este panorama, Boluarte destaca no solo por la cantidad de viajes en el primer semestre del año, sino también por la naturaleza de los mismos, muchos de carácter simbólico o ceremonial, más que por negociaciones bilaterales o convenios de cooperación concretos.
Uno de los temas más controvertidos de las salidas al exterior de Boluarte es la ausencia de un vicepresidente. Esto impide que el despacho presidencial sea encargado a otra autoridad, como ocurre en otros países. Aunque el Congreso aprobó una ley que permite el ejercicio remoto de funciones durante sus ausencias, varios constitucionalistas consideran que esto debió pasar por una reforma constitucional. El politólogo José Alejandro Godoy expone esta problemática al señalar: "La presidenta de la República no debería viajar fuera del país por una cuestión legal, y es que ella para poder salir del país debería encargar el despacho a alguien, pero como no tiene vicepresidente no lo puede encargar"
Sobre la normativa del trabajo remoto, añade: "Si bien es cierto que existe una ley que faculta el trabajo remoto, esa norma debió aprobarse por reforma constitucional. Y esta es una cuestión que hemos lamentablemente normalizado". Este vacío institucional aumenta los cuestionamientos sobre la legitimidad de sus ausencias, especialmente cuando el país atraviesa momentos de tensión o crisis.
El trasfondo político de los viajes también fue analizado por Godoy, quien observa que muchas de las salidas al exterior de Boluarte no responden a intereses estratégicos o diplomáticos de alto nivel: "Los presidentes de la República tienen un sistema como el nuestro que es el que tienen todos los países de América Latina, piden la representación del Estado en general. Por tanto sí podrían viajar cuantas veces quisieran. Ahora bien, uno va discriminando y discerniendo cuáles son las invitaciones que realmente tienen un peso político fuerte". expresó.
"La mayoría de los casos de la presidenta Boluarte han sido viajes de corte simbólico, viajes en los que ha querido tomarse un tipo de imagen en relación con todo lo que tiene que ver con altas autoridades extranjeras y aparecer como una mandataria que puede ser apreciada en el mundo", agregó. Respecto a la recepción internacional, el politólogo añade: "La mayoría de jefes de Estado le ha brindado un trato protocolar, ninguno ha tenido un trato particularmente fluido con la presidenta de la República". Esto refleja una estrategia de internacionalización centrada en la imagen y la representación, pero sin consolidación de vínculos duraderos o resultados visibles en términos de cooperación, inversión o acuerdos bilaterales.

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