
El condado de Pima y las ciudades de Denver y Chicago han demandado al gobierno de Donald Trump, exigiendo el pago de US$40 millones en fondos aprobados por el Congreso para financiar albergues para inmigrantes. Estos recursos, destinados a garantizar la seguridad pública y la salud de las comunidades, han sido retenidos, según los documentos presentados en un tribunal del Distrito Norte de Illinois.
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Pima, Rex Scott, denunció un cambio repentino en las reglas de reembolso por parte de la administración Trump, afectando directamente a los servicios brindados a solicitantes de asilo procesados por la Patrulla Fronteriza. Scott declaró que, desde 2019, los fondos federales habían permitido a los gobiernos locales cumplir con su rol como socios en la crisis migratoria, pero ahora enfrentan un vacío financiero que amenaza sus operaciones.
Los demandantes aseguran que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha cumplido con sus responsabilidades financieras, dejando en incertidumbre a las comunidades inmigrantes. De acuerdo con la querella, cerca de US$24 millones corresponden a Denver, US$12 millones a Chicago y US$4 millones al condado de Pima. Estos montos forman parte de un fondo de más de US$600 millones aprobado por el Congreso para atender la crisis humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos.
Sin embargo, la administración Trump ha exigido información adicional sobre los inmigrantes beneficiados, incluyendo nombres, números de identificación y destinos finales, como condición para liberar los fondos. Esta medida ha generado críticas, al considerarse una violación de la privacidad y un obstáculo para las ciudades y condados que operan albergues temporales para inmigrantes.
La retención de estos recursos ha provocado el cierre de varios albergues en el sur de Arizona, dejando a cientos de personas en situación vulnerable. La falta de financiamiento también ha impactado la capacidad de las comunidades para ofrecer servicios esenciales a los solicitantes de asilo, como alojamiento, alimentación y asistencia médica.
Los gobiernos locales argumentan que han actuado de buena fe al proveer estos servicios, confiando en la promesa de reembolsos federales. “Como un socio comprometido en esta iniciativa, confiamos en estos fondos asignados por el Congreso para garantizar la seguridad pública y la salud de nuestras comunidades”, subrayó Rex Scott en su comunicación oficial.
Denver y Chicago también han expresado su preocupación por la falta de respuesta del DHS, que durante meses ha ignorado las peticiones de reembolso. La demanda busca no solo recuperar los recursos adeudados, sino también establecer un precedente que garantice la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones federales hacia los gobiernos locales.
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