
El Gobierno de Argentina anunció una reforma migratoria que busca endurecer los requisitos de ingreso y permanencia de extranjeros en el país. La medida, que será implementada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. El objetivo es garantizar un control más estricto sobre la inmigración.
Entre los principales cambios, la nueva normativa contempla el aumento de los requisitos para otorgar la residencia y la ciudadanía argentina. Además, se establecerán nuevos mecanismos para acelerar la expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos en el país. Esta política retoma lineamientos aplicados anteriormente durante el gobierno de Mauricio Macri, especialmente a través del DNU 70/17.
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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una de las impulsoras de la iniciativa, aseguró “se termina el abuso, se ordena la inmigración. El que viola la ley, será deportado”. Bullrich subrayó que las modificaciones permitirán actuar con mayor rapidez en casos de condenas penales, sin prolongados trámites judiciales que, en muchos casos, impedían la expulsión efectiva de delincuentes extranjeros.
Asimismo, el decreto establecerá aranceles para ciertos trámites migratorios y de radicación, con el fin de ordenar y financiar el sistema. También se ampliarán las facultades de las fuerzas de seguridad y de la Dirección Nacional de Migraciones para intervenir en casos de antecedentes penales, procesos judiciales abiertos y alertas internacionales.
El nuevo decreto establece que, desde su publicación, se prohibirá el ingreso de extranjeros condenados por delitos y se dispondrá la deportación de aquellos que cometan ilícitos dentro del territorio nacional, independientemente de la pena que reciban. Incluso los delitos con penas inferiores a cinco años podrán ser motivo de rechazo de ingreso o de expulsión.
Durante el anuncio en Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que “Argentina fue demasiada permisiva para quienes ingresan de forma irregular”, acompañado por la ministra Patricia Bullrich, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni.
Además, se informó que los residentes transitorios, temporarios e irregulares deberán abonar los servicios de salud y contar con un seguro médico al ingresar al país, en un intento por reducir el gasto estatal de 114.000 millones de pesos en atención médica a extranjeros.
Las reformas migratorias impulsadas en Argentina y Estados Unidos comparten un enfoque de mayor control y restricciones para los extranjeros que ingresan a sus territorios. Ambos gobiernos buscan endurecer las condiciones de ingreso, acelerar los procesos de deportación para aquellos que cometan delitos y limitar el acceso a beneficios estatales.
En Argentina, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se prohibirá el ingreso de personas con antecedentes penales y se exigirá que los residentes transitorios paguen por servicios de salud y cuenten con seguro médico.

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