
Una investigación federal ha encendido las alarmas en la comunidad migrante de California. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en conjunto con la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), solicitó oficialmente al Condado de Los Ángeles los registros de beneficiarios del Programa de Asistencia Monetaria para Inmigrantes.
La medida, que abogados y activistas han calificado como una posible táctica de intimidación, forma parte de la investigación a inmigrantes del DHS en Los Ángeles, que abarca desde enero de 2021 hasta la actualidad. El objetivo es determinar si personas en situación migratoria irregular accedieron a ayudas que incluyeran fondos federales, lo cual violaría las leyes migratorias vigentes.
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La investigación de inmigrantes del DHS en Los Ángeles se centra en determinar si personas sin autorización migratoria accedieron al mismo tiempo al programa estatal CAPI (Programa de Asistencia Monetaria para Inmigrantes) y al beneficio federal de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
Aunque CAPI se financia únicamente con impuestos estatales de California, sin intervención de fondos federales, las autoridades buscan esclarecer posibles irregularidades. Voceros de la investigación de HSI a inmigrantes indicaron que la acción se enmarca en el memorando presidencial de Donald Trump, emitido el 15 de abril de 2025, que exige reforzar el control migratorio y la fiscalización del uso de ayudas públicas.
La citación del DHS en Los Ángeles solicita a la oficina de Servicios Públicos y Sociales del condado que entregue información específica sobre los solicitantes del Programa de Asistencia Monetaria para Inmigrantes. Entre los datos requeridos se incluyen:
Esta medida, parte de las acciones del DHS y HSI en Los Ángeles para investigar a inmigrantes, ha generado gran inquietud por la naturaleza confidencial de los datos y los posibles efectos legales que podría tener sobre los beneficiarios del programa.
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Organizaciones defensoras de derechos humanos y abogados de inmigración han criticado la investigación de ICE a inmigrantes en California, considerándola una estrategia para generar temor en las comunidades más vulnerables.
El abogado Alex Gálvez, en declaraciones a Univision, afirmó que la medida busca “causar miedo e incertidumbre entre los solicitantes”, aunque también advirtió que su legalidad podría ser impugnada en los tribunales, dado que CAPI se financia únicamente con fondos estatales.
Asimismo, Gálvez alertó sobre el riesgo de que las acciones del DHS, HSI e ICE contra inmigrantes vulneren la privacidad de datos sensibles, lo que podría debilitar la confianza de los inmigrantes en las instituciones locales. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldó la citación al declarar: "la era del despilfarro se terminó", subrayando que ningún inmigrante sin autorización debería recibir recursos públicos.

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