
La administración estadounidense enfrenta críticas por su política de deportación que afecta a niños ciudadanos. La Casa Blanca ha defendido su postura, argumentando que se trata de una medida necesaria para la seguridad nacional.
En un contexto donde la inmigración se ha convertido en un tema complicado, la deportación de niños estadounidenses que tienen madres indocumentadas ha generado un intenso debate. La Casa Blanca sostiene que estas acciones son parte de un esfuerzo más amplio para controlar la inmigración ilegal y proteger las fronteras del país.
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Durante una conferencia de prensa, Tom Homan, conocido como el ‘zar de la frontera’ y exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), se refirió a la situación de familias migrantes indocumentadas en Estados Unidos, particularmente aquellas con hijos nacidos en el país.
Homan sostuvo que “si decides tener un hijo ciudadano estadounidense, sabiendo que estás en este país ilegalmente, te pones en esa situación. Pones a tu familia en esa situación”, responsabilizando así a los propios padres por las consecuencias legales que enfrentan. Según el funcionario, en muchos casos fueron las madres quienes “pidieron” a las autoridades que sus hijos salieran del país junto a ellas al momento de la deportación.
El exjefe de ICE explicó que la decisión de mantener a los menores con sus progenitores fue tomada para evitar críticas por la separación de familias, un tema que ha generado amplio debate en la política migratoria estadounidense. “No fueron deportados. No deportamos a ciudadanos estadounidenses. Fueron los padres quienes tomaron la decisión, no el Gobierno de Estados Unidos”, enfatizó.
La administración ha argumentado que la deportación de madres indocumentadas, junto con sus hijos, es una medida necesaria para disuadir la inmigración ilegal. Según funcionarios, esta política busca enviar un mensaje claro de que la entrada ilegal al país no será tolerada. “Estamos comprometidos a hacer cumplir nuestras leyes de inmigración”, afirmó un portavoz de la Casa Blanca.
Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto de estas políticas en los niños. “No se puede justificar la separación de familias bajo ninguna circunstancia”, declaró un representante de una ONG. La deportación de niños ciudadanos, que no han cometido ningún delito, plantea serias cuestiones éticas y legales.
Este debate se produce en un clima político tenso, donde la inmigración es un tema central en la agenda pública. La Casa Blanca ha enfrentado presiones tanto de grupos pro-inmigración como de aquellos que exigen un endurecimiento de las políticas migratorias. La administración parece estar tratando de equilibrar estas demandas contradictorias mientras defiende su enfoque en la seguridad nacional.

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